¿Qué cuatro delitos le imputan al fiscal Gómez y por qué su negativa a informar al juez Rafecas desató una causa en Comodoro Py? Los detalles de una denuncia que complica el frente judicial del Acueducto.
La causa por el Acueducto Gran Tulum sumó un nuevo capítulo en la Justicia Federal. La defensa de Sergio Fabián Ruiz, expresidente de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), presentó una denuncia contra el fiscal Sebastián Gómez por cuatro presuntos delitos vinculados al ejercicio de la función pública.
La presentación quedó radicada en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°1 de la Capital Federal. Según trascendió, el abogado defensor Nasser Uzair habría sido quien impulsó la acción, con el objetivo de establecer si Gómez incurrió en conductas penalmente relevantes al responder un requerimiento del Juzgado Federal N°1.
El oficio que notifica la formación de las actuaciones está fechado en octubre y lleva la firma de un prosecretario letrado de la fiscalía federal. En el documento se solicita que el fiscal sanjuanino sea notificado personalmente en su condición de denunciado.
Los cuatro delitos que enumera la causa
El expediente consigna cuatro figuras penales, aunque no desarrolla en detalle los argumentos de los denunciantes para cada una de ellas.
Resistencia o desobediencia a funcionario público. Es una de las figuras incluidas en la carátula. La investigación deberá determinar si la conducta que se le atribuye al fiscal frente al requerimiento judicial puede encuadrarse en este delito.
Abuso de autoridad. Previsto en el artículo 248 del Código Penal, sanciona a los funcionarios públicos que dictan o ejecutan resoluciones u órdenes contrarias a la Constitución o a las leyes, o que no ejecutan las leyes cuyo cumplimiento les corresponde. Su eventual aplicación dependerá de los hechos concretos que puedan acreditarse.
Violación de los deberes de funcionario público. Esta figura apunta al incumplimiento de obligaciones propias del cargo. Para establecer si corresponde, será necesario conocer qué conducta específica se le atribuye a Gómez y cómo se relaciona con sus deberes legales.
Falsedad ideológica. Es la cuarta figura consignada. En términos generales, contempla la inserción de declaraciones falsas en un instrumento público respecto de circunstancias que el documento deba probar. La documentación disponible no precisa qué manifestación concreta del fiscal sería considerada falsa ni cuál sería el instrumento involucrado.
Por ahora, el oficio federal acredita que esas figuras forman parte de la carátula, pero no permite determinar qué hechos específicos se invocaron para sostener cada una. Tampoco implica que Gómez haya sido declarado responsable de alguno de esos delitos.
El origen de la disputa
El trasfondo de la denuncia está vinculado a la disputa sobre qué jurisdicción debe investigar el Acueducto Gran Tulum. El juez federal Daniel Rafecas había solicitado información a las autoridades judiciales sanjuaninas después de que la defensa de Ruiz planteara que el expediente debía pasar a la Justicia Federal.
Gómez respondió que, al no haberse formalizado todavía la investigación penal preparatoria, no podía brindar mayores precisiones sobre los hechos sin comprometer los fines del proceso y las garantías de las personas investigadas. Sí ofreció una descripción general del objeto de la pesquisa, centrada en presuntas maniobras irregulares relacionadas con la adquisición de tuberías para la obra.
Esa respuesta provocó cuestionamientos de las defensas y precedió a la denuncia penal presentada en Buenos Aires. Sin embargo, el oficio de notificación no detalla si los delitos imputados se vinculan directamente con esa contestación ni cuáles son las pruebas invocadas para sostener las acusaciones.
Chicana y defensa del Ministerio Público
La denuncia contra Gómez se inscribe en un enfrentamiento judicial más amplio. Las defensas de personas vinculadas a la causa sostienen que la participación de fondos nacionales en el financiamiento de la obra justificaría la intervención federal.
En cambio, el abogado y dirigente Marcelo Arancibia, autor de la denuncia original, cuestionó esa estrategia y sostuvo que las presuntas irregularidades investigadas corresponden a una contratación gestionada en el ámbito provincial. Calificó la presentación contra los fiscales como una «chicana» y cuestionó que se intente trasladar la discusión a Comodoro Py antes de que la investigación avance en sus instancias procesales. También planteó que las objeciones a la actuación de los representantes del Ministerio Público deben canalizarse por las vías institucionales correspondientes.
La Fiscalía General de San Juan salió en defensa de Gómez y de su colega Francisco Pizarro, y destacó su profesionalidad, independencia y compromiso con la investigación.
Mientras sigue la discusión sobre qué jurisdicción debe intervenir en la causa por el Acueducto Gran Tulum, la denuncia contra Gómez abre una investigación paralela en el fuero federal. Su alcance dependerá de los hechos que se logren establecer y de las decisiones que adopten las autoridades judiciales competentes.
