Denunciaron a una fiscal por 12 mil dólares que desaparecieron de una caja fuerte: qué encontró la investigación

La denuncia apuntaba a la fiscal Claudia Salica y a su equipo por el faltante de dólares durante un allanamiento en San Juan. La Justicia desestimó el planteo por segunda vez y expuso los argumentos que derribaron la acusación.

Una denuncia por el supuesto extravío de más de 12 mil dólares durante un allanamiento terminó rechazada. La fiscal de la UFI de Delitos contra la Propiedad, Claudia Salica, había sido señalada junto a su ayudante fiscal y auxiliares policiales por el faltante de dinero de una caja fuerte secuestrada en un procedimiento.

El presunto damnificado, patrocinado por los abogados Néstor Roly Olivera y Marcelo Sández Luján, presentó la acusación contra la funcionaria y los auxiliares del Ministerio Público. Sostenía que el dinero había desaparecido durante la diligencia.

Dos rechazos y una apelación

La UFI de Delitos Especiales desestimó las sospechas en dos oportunidades. Primero fue el fiscal Nicolás Schiattino, que recibió la denuncia y realizó la investigación preliminar. Luego, ante la apelación de la parte denunciante, el coordinador Iván Grassi indagó el caso y respaldó el fallo inicial.

La resolución de Grassi concluyó que no existieron irregularidades ni sustracción de dinero durante el allanamiento ejecutado en la vivienda de la denunciante. El escrito señaló la absoluta falta de tipicidad penal y la ausencia de indicios objetivos que sostuvieran la presunta desaparición de las divisas.

Desde el Ministerio Público remarcaron que las alegaciones sobre un monto superior se basaron únicamente en registros contables de carácter privado y unilateral, sin el peso probatorio necesario para cuestionar la presunción de autenticidad y fe pública de las actas firmadas por las autoridades intervinientes.

Los testigos y la cadena de custodia

Dos testigos civiles independientes fueron determinantes para desacreditar cualquier maniobra subrepticia. Ambos fueron convocados formalmente en la vía pública para presenciar la medida en el inmueble y ratificaron bajo juramento que la caja de seguridad fue manipulada a corta distancia y a la vista de todos.

Según sus testimonios, el dinero hallado fue reingresado de inmediato a la caja, con faja de resguardo y firma en el propio lugar del procedimiento. La preservación ininterrumpida de la cadena de custodia y la transparencia del acto formal de apertura en sede judicial fueron otros de los argumentos clave.

El recuento se llevó a cabo en las oficinas de la UFI con registro fílmico continuo y la presencia activa del abogado defensor y familiares de la damnificada. Se comprobó que los sobres y las llaves se mantenían intactos, y el conteo coincidió con lo resguardado durante el operativo original.

La firma de la fiscal y el cierre

El escrito también desestimó que la incorporación posterior de la firma de la fiscal en las copias digitales del acta constituya una anomalía o un delito. Su presencia física en el lugar fue constatada de manera indudable por las cámaras y los testigos.

De este modo, la resolución subrayó que accionar penalmente contra magistrados y policías basándose en simples discrepancias personales atenta contra el principio de intervención mínima del derecho penal y el estado constitucional de inocencia de los funcionarios públicos.