Denuncian venta ilegal de terrenos bajo custodia del CPE en Neuquén

El Consejo Provincial de Educación (CPE) denunció la ocupación y venta irregular de dos terrenos bajo su custodia en el oeste de Neuquén, y radicó una nueva denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal.

Este lunes, abogados del organismo y oficiales de justicia recorrieron el predio ubicado en la intersección de calles Crouzeilles y Punta de los Indios, en Valentina Sur, para individualizar a los ocupantes de los lotes 26 y 27.

Según informaron fuentes judiciales, el CPE actúa como curador y protector de esos bienes por una sentencia judicial en el marco de un proceso sucesorio. En ese carácter, denunció el incumplimiento de medidas cautelares y solicitó la constatación judicial, al detectar movimiento de suelos, loteos no autorizados y el avance de construcciones.

La medida cautelar sigue vigente

La justicia civil ya había dispuesto una medida precautoria de no innovar sobre esos terrenos, que se encuentra vigente hasta 2028. Sin embargo, en los últimos meses se detectaron loteos y ventas llevadas adelante por desarrolladores no habilitados, que intentan hacer negocio con tierras no aptas para la venta.

En el lugar, los inspectores constataron el asentamiento de particulares y edificaciones en marcha de algunas viviendas, cuyos ocupantes no acreditan documentación válida que respalde la adquisición de los terrenos.

Desde el CPE aclararon que hasta el momento no se realizó ningún convenio ni venta a desarrolladoras, mutuales, cooperativas o fideicomisos que habilite el accionar que se constata en ese sector del barrio.

Otra toma en el oeste de Neuquén

En paralelo, continúa la causa por la toma de un predio privado sobre la calle Pedro Genco al 6500, propiedad de la Asociación Civil Patagonia Rugby Club, donde estaba prevista la construcción de un complejo de viviendas.

La ocupación comenzó el 18 de agosto, cuando cerca de 150 personas ingresaron al terreno durante la noche, instalaron carpas, armaron casillas y encendieron fogatas. A pesar de la orden judicial de desalojo, las familias se negaron a retirarse argumentando la imposibilidad de afrontar un alquiler y la necesidad de una solución habitacional.

La Fiscalía dispuso un cerco policial para impedir el ingreso de materiales, agua y alimentos. Tras una serie de allanamientos en los barrios Belén, La Estrella y Valentina Norte Rural, se detuvo a tres personas (dos mujeres y un hombre), a quienes se les secuestraron computadoras y teléfonos celulares para peritajes informáticos.

El fiscal Juan Narváez imputó a los tres acusados por usurpación por despojo en calidad de coautores, al comprobarse que figuraban como administradores de los grupos de WhatsApp y redes sociales utilizados para coordinar la toma. El juez de garantías dio por formulados los cargos y abrió la investigación por cuatro meses, pero dispuso la libertad de los sospechosos con medidas cautelares, entre ellas la restricción de acercamiento a menos de 100 metros del inmueble.