Denuncian un despiadado vaciamiento en una empresa de transporte: casi 900 empleados quedaron en la calle

La Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor (AOITA) en Córdoba salió a denunciar un nuevo despido discriminatorio en la empresa Grupo FAM (El Quebrachal), que ya dejó afuera a casi el 90% de sus trabajadores. El gremio exige la reincorporación inmediata de una empleada en situación de vulnerabilidad y califica la medida como nula y arbitraria.

El conflicto no es un hecho aislado, sino la punta de un iceberg que viene creciendo hace meses. Hace apenas un año, Grupo FAM se posicionaba como una de las operadoras más grandes del transporte interurbano. Sin embargo, de los cerca de 980 trabajadores que se sumaron durante su expansión en 2025, hoy sólo quedan alrededor de 100 en la nómina.

¿Quién es la trabajadora despedida?

Tamara, la empleada afectada, contó a los SRT que es la tercera vez que la despiden sin causa. La primera fue de palabra; la segunda, en abril, cuando echaron a 30 trabajadores; y ahora, sin argumentos que justifiquen la decisión. "Solo me mandaron un comprobante de pago pero no dice qué me están pagando", denunció.

La mujer asegura que la empresa siempre supo de sus afecciones de salud, ya que padece agenesia de radio en ambos brazos y un problema en la sangre. A pesar de eso, la reubicaron en áreas no aptas para su estado, pero no elevó quejas para conservar su trabajo. "Me siento enojada, con bronca", manifestó.

Un pasivo millonario y denuncias de lockout patronal

Para AOITA, esta seguidilla de despidos, suspensiones y quita de servicios configura un lockout patronal encubierto. La intención de la patronal sería provocar una reacción sindical para luego culpar a los propios trabajadores por el colapso del servicio.

La situación financiera es dramática: la empresa reconoció judicialmente su cesación de pagos, con un pasivo que supera los $25.500 millones y un patrimonio neto negativo. Ese rojo se acumuló en tan solo 18 meses de operatividad, dejando a las familias en la incertidumbre.

Además, pesa una grave acusación penal y administrativa por la retención indebida de aportes sindicales y de obra social. Desde el sindicato afirman que esos fondos, descontados de los salarios, estarían siendo utilizados para pagar indemnizaciones por despidos injustificados.

Asambleas y posibles medidas de fuerza

Ante el avance del conflicto, AOITA confirmó que realizará asambleas informativas en las puntas de línea con choferes y personal de base. Allí se analizará la situación y se resolverán los próximos pasos, sin descartar medidas de fuerza en los próximos días.

"AOITA no permanecerá indiferente mientras se destruye una fuente de trabajo del transporte interurbano y se vulneran los derechos y la dignidad de sus trabajadores", enfatizaron desde el gremio en un comunicado.