Denuncian que una resolución del Ministerio de la Producción modificó la Ley 1060 para facilitar un megaproyecto solar de US$ 147 millones

El diputado provincial Miguel Montoya (UCR) denunció que el Ministerio de la Producción modificó la Ley 1060 de Impacto Ambiental mediante una resolución, para habilitar un megaproyecto fotovoltaico de 147 millones de dólares sin audiencia pública. El legislador presentó un pedido de informe y sospecha que se beneficia a la firma Ambiente y Energía.

La búsqueda de inversiones en energías renovables se convirtió en el principal discurso del gobierno provincial para mostrar una Formosa productiva y sustentable. Sin embargo, según Montoya, detrás de ese relato se esconde un entramado administrativo de dudosa legalidad que encendió alarmas en la Legislatura.

En una entrevista con el programa radial “Algo Está Pasando”, de FM VLU 88.5, el legislador radical explicó que la cartera productiva emitió una resolución que elimina la obligación de convocar audiencias públicas para evaluar el impacto ambiental de los parques solares proyectados en Pirané, Laguna Blanca, Las Lomitas, Ingeniero Juárez, Clorinda, Ibarreta y General Güemes. La iniciativa privada prevé generar e inyectar unos 170 megavatios (MW) al sistema eléctrico provincial.

Qué dice la oposición

Montoya aclaró que no están en contra de las inversiones: “Estamos absolutamente de acuerdo con que esas inversiones lleguen a Formosa. Fuimos nosotros los que presentamos proyectos para que Formosa se adhiera al RIGI, y es el oficialismo provincial el que votó en contra. Queremos que esas inversiones lleguen, pero que lleguen cumpliendo la ley”.

El diputado recordó que la nueva Constitución provincial, en sus artículos 13 y 79, exige un Certificado de Aptitud Ambiental previo a cualquier obra. “Modificaron por una norma de rango menor una ley, la 1060, que establece que para estas obras energéticas es necesaria la audiencia pública; hicieron un traje a medida para evitar el cumplimiento de una ley y de la Constitución provincial”, cuestionó.

Los movimientos previos a la norma

Según la denuncia, entre marzo y junio de este año se anunció la inversión con bombos y platillos, y luego comenzaron a verse avances físicos en los terrenos sin que se hubiera realizado la participación ciudadana correspondiente. Recién el 3 de agosto, la oposición detectó la resolución firmada por el ministro de la Producción, Lucas Rodríguez, que reemplazó la audiencia pública por una simple consulta informativa mediante edictos.

El pedido de informe y las sospechas sobre Ambiente y Energía

El bloque opositor presentó un pedido de informe en la Cámara de Diputados, con un plazo de diez días hábiles para que el ministro responda. Se pregunta si hubo instancias de participación popular antes de otorgar la aptitud ambiental y por qué un funcionario del Ejecutivo se arrogó facultades legislativas.

Las sospechas apuntan a la empresa adjudicataria: “Le modificaron a una empresa que se llama Ambiente y Energía las condiciones para que acceda rápidamente a unos certificados sin cumplir los requisitos, y lo hicieron después de los anuncios. Nos preguntamos si se está beneficiando a Ambiente y Energía”, aseveró Montoya.

El legislador también mencionó antecedentes como el de Fermosa Biosiderurgia, donde la provincia actuó como garante de un crédito de 8 millones de dólares y absorbió el 25% de las acciones. “Atrás de cada una de estas empresas, permítanme dudar, siempre hay socios locales y decretos hechos a medida salteando las exigencias legales”, enfatizó.

La contradicción del oficialismo

Montoya señaló la doble vara: mientras en el Congreso el oficialismo cuestiona la flexibilización de controles, en Formosa recurre a resoluciones express para eludir mecanismos constitucionales. “Una empresa que viene a poner 147 millones de dólares tiene que tener la garantía de que todo el proceso de otorgamiento de su licencia estuvo hecho a ley”, subrayó.

Y cerró con una crítica al discurso ambientalista: “Hace un año se llenaban la boca con una bandera con la cual nosotros coincidimos, de las energías renovables y de los controles, y no pasó un año y con el codo borraron lo que hicieron con la mano”.