Denuncian que un fondo clave para arreglar rutas jamás se usó: piden que la FIA investigue
Si manejás por las rutas provinciales, esto te toca de cerca: hay un fondo millonario que debería arreglarlas y, según la denuncia, no se está usando para eso.
La diputada Sandra Fonseca, el diputado Maximiliano Aliaga y Juan Carlos Tierno, de Comunidad Organizada, se presentaron ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) para denunciar la presunta desviación de fondos del Fondo Provincial de Vialidad, que por ley debe destinarse a la construcción y mantenimiento de las rutas provinciales.
Según la presentación, ese fondo debería funcionar como una asignación específica, es decir, no se podría derivar a otros fines. Está integrado por una parte de la coparticipación federal que recibe La Pampa —proveniente de IVA y Ganancias—, la mitad del impuesto a las patentes —uno de los más altos del país— y el impuesto inmobiliario, entre otros ingresos.
Los denunciantes sostienen que “ello no se habría usado desde que está el Sr. Ziliotto como Gobernador desde el año 2020” para el mantenimiento de rutas, lo que habría generado un deterioro permanente de la red provincial, sin controles de peso de camiones, que son los que más daño causan a la estructura vial.
Reclamos al Gobierno nacional
Además, le pidieron al gobierno de Javier Milei que informe los montos enviados a La Pampa por coparticipación federal y cuánto de eso debería haber ido al fondo vial, con un detalle año por año de impuestos recaudados, patentes e inmobiliario.
También recordaron que, por el mismo tema y por la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) en Santa Rosa, solicitaron la presencia de los integrantes del Consejo Provincial de Tránsito: el ministro de Seguridad, el jefe de Policía, el presidente del Directorio de Vialidad Provincial y el director de Transporte y Comunicaciones.
En relación con la RTO, pidieron información sobre la desregulación de las revisiones en talleres particulares o concesionarias, para reducir costos y ampliar la red de talleres habilitados cuando la revisión sea obligatoria en la provincia.
Según los denunciantes, “ese pedido de informe fue bloqueado por el grupo oficialista en la Cámara de Diputados”, lo que los lleva a considerar que los funcionarios del Comité Ejecutivo del Consejo de Tránsito podrían estar incurriendo en violación de los deberes de funcionario público al permitir situaciones de ilegalidad en perjuicio de la población.
Cuestionamientos a la FIA
Por último, Comunidad Organizada señaló que la FIA, como órgano constitucional de investigación, debería actuar con independencia. Sin embargo, advirtieron que en los últimos tiempos se les habría impedido a los denunciantes tomar vista de los expedientes en otras causas contra la administración de Sergio Ziliotto, lo que interpretan como un indicio de presiones sobre ese organismo.