Denuncian que OSPIA dejó sin cobertura a electrodependientes y postrados
Denuncian que OSPIA dejó sin cobertura a electrodependientes y postrados, mientras la Justicia investiga el destino de más de $7.000 millones. Las familias afectadas aseguran que deben recurrir a amparos para recibir atención.
La Justicia Federal analiza una denuncia por presunta malversación de fondos y administración fraudulenta contra la conducción de la Obra Social del Personal de la Industria Azucarera (OSPIA), mientras un grupo de afiliados advierte sobre serias irregularidades en la cobertura para personas con discapacidad.
Según datos de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación citados por los propios afiliados, la obra social habría pasado de tener unos 60.000 afiliados a cerca de 20.000 en los últimos años. Además, señalaron que durante 2026 la entidad recibió más de $7.000 millones a través del mecanismo de Integración para Discapacidad.
Los afiliados sostuvieron que algunas familias deben recurrir a acciones de amparo para garantizar la continuidad de las prestaciones. También indicaron que prestadores del sector registrarían demoras en el cobro de honorarios, situación que —según afirmaron— podría afectar la atención de los pacientes.
Qué dice la denuncia
La presentación judicial fue realizada por José Manuel Quesada, quien solicitó la apertura de una investigación penal preparatoria contra el presidente de OSPIA, Juan Ramón Correa; el tesorero Carlos Castillo; y otras personas vinculadas con la conducción de la entidad.
De acuerdo con la denuncia, desde 2021 habría funcionado un presunto mecanismo de desvío de fondos provenientes de los aportes de los trabajadores azucareros hacia empresas y circuitos privados que, según el denunciante, estarían relacionados con familiares o allegados de los directivos.
La acusación menciona presuntas maniobras de sobrefacturación de prestaciones médicas, uso de proveedores sin actividad comprobable, extracciones de efectivo, pagos sin respaldo documental y movimientos patrimoniales que, según Quesada, serían incompatibles con los ingresos declarados por los involucrados.
El foco en discapacidad
Uno de los puntos centrales de la denuncia se refiere al área de discapacidad. Quesada afirmó que se habrían producido desafiliaciones unilaterales de beneficiarios electrodependientes o postrados, una situación que deberá ser analizada en el marco de la investigación judicial.
La causa busca determinar si existió un perjuicio concreto para los afiliados y si los fondos recibidos tuvieron el destino previsto por la normativa. Hasta el momento, no hay pronunciamiento judicial sobre el fondo del asunto.
