Denuncian que las topadoras avanzan sobre tierras wichi en Salta y apuntan al gobierno de Sáenz

Organizaciones de pueblos originarios del Chaco Salteño encendieron todas las alarmas: más de 400 hectáreas ya fueron desmontadas en tierras del pueblo wichi y reclaman que se detenga de manera urgente el avance de las topadoras. La deforestación, que afecta a más de diez comunidades, puso en riesgo al río Itiyuro y generó un estado de alerta máxima entre los pobladores.

El responsable directo de las máquinas es la empresa Desdelsur S. A., que comenzó a operar con maquinaria pesada a fines de julio. La firma pertenece a las familias Macera y Blaquier y es una de las principales productoras y exportadoras de legumbres del país, con centro de operaciones en Tartagal y General Mosconi. Según datos de Greenpeace, en los últimos 30 años la compañía deforestó más de 27.000 hectáreas en Salta y acumula varias denuncias.

Un ecosistema clave que no desemboca al mar

La zona afectada tiene una importancia ecológica y social enorme dentro del Chaco Seco. Allí hay una cuenca hídrica que no llega al mar y una biodiversidad dominada por grandes árboles como quebrachos blancos y colorados, cebiles y algarrobos. La devastación no es nueva: la región viene siendo castigada desde hace décadas, pero el ritmo actual despertó la reacción de las comunidades.

El conflicto no es solo con la empresa. Desde las organizaciones locales apuntan directamente contra la gestión del gobernador Gustavo Sáenz, a quien acusan de otorgar luz verde a la destrucción ambiental a través de herramientas administrativas cuestionadas. La más señalada es la creación de las Áreas de Producción Conservación (APC), un mecanismo de recategorización de tierras que, denuncian, viola la Ley Nacional de Bosques y arrasa con los corredores biológicos y culturales de los pueblos originarios.

Una ley cuestionada y 720.000 hectáreas en la mira

La reglamentación aprobada en 2005 mediante la Ley 8.483 fue puesta en tela de juicio por organizaciones como Greenpeace, la Fundación Vida Silvestre y asambleas socioambientales locales. En los últimos 15 años, Salta autorizó y desmontó alrededor de 400.000 hectáreas. Hoy, según las denuncias, unas 720.000 hectáreas de la provincia estarían en condiciones de ser legalmente deforestadas, lo que mantiene en vilo a las comunidades.

El pedido de las organizaciones es concreto: el cese inmediato de las topadoras en las tierras wichi y la revisión de los mecanismos administrativos que habilitan los desmontes. Mientras tanto, la alerta sigue encendida en el norte salteño.