Denuncian que la ANPYN sigue usando el predio y las máquinas de la Provincia: "Se encuentra con la misma plazoleta desde que se tomó la intervención"

La plazoleta fiscal del Puerto de Ushuaia sigue en el centro de la disputa por la intervención federal. A más de ocho meses del desembarco de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), los trabajadores portuarios aseguran que el organismo nacional no solo continúa operando en ese espacio provincial, sino que también utiliza maquinaria, edificios y equipamiento que pertenecen a la Dirección Provincial de Puertos (DPP).

Así lo sostuvo Valeria Barría, referente de los trabajadores portuarios, quien afirmó que, pese a las novedades registrales comunicadas por el Gobierno fueguino sobre el predio, la situación operativa no cambió. Consultado sobre qué ocurre actualmente en la plazoleta fiscal, respondió: "Se encuentra con la misma plazoleta desde que se tomó la intervención". Y agregó que la ANPYN continúa realizando allí los movimientos habituales, mientras el Gobierno no avanzó en el recupero del predio.

El control nacional, según había explicado la propia DPP al comienzo de la intervención, comprendía el área logística, el muelle de embarcaciones menores y el muelle multipropósito. Pero el uso del espacio físico es solo una parte del problema que plantean los trabajadores.

Bienes provinciales bajo uso de la intervención

Barría sostuvo que también continúan siendo utilizadas las máquinas containeras y otros equipos adquiridos por la DPP, destinados al movimiento de contenedores. La discusión, entonces, se corre de la mera ocupación del Puerto hacia una pregunta patrimonial concreta: bajo qué condiciones la intervención nacional usa bienes de la Provincia y qué contraprestación existe por ese uso.

La dirigente afirmó además que parte de esos equipos estarían siendo operados por personal proveniente de la Administración General de Puertos y por trabajadores llegados desde Buenos Aires, Comodoro Rivadavia y otras jurisdicciones. También mencionó la posible participación de una empresa logística local. Se trata de afirmaciones realizadas durante la entrevista, que la propia dirigente distingue de los hechos acreditados documentalmente.

El contraste que plantean los trabajadores es sensible: mientras maquinistas de la DPP capacitados y certificados permanecen desplazados, la intervención habría recurrido a personal externo para tareas que utilizan equipamiento provincial. "Hemos tenido siempre el staff más grande de maquinistas calificados y certificados", recordó Barría.

La plazoleta fiscal forma parte de una infraestructura sobre la cual la Provincia invirtió y proyectó obras durante años. El presupuesto provincial de 2022, por ejemplo, contemplaba fondos propios para su reparación y la adquisición de grúas containeras y autoelevadores para fortalecer la operatoria portuaria.

Por eso, la discusión excede lo administrativo. La intervención mantiene el control operativo de instalaciones y equipamiento vinculados al patrimonio provincial, mientras persiste el conflicto por la administración de los recursos económicos que genera el Puerto. Barría vinculó esa utilización con el destino de la recaudación: según sostuvo, se usan "nuestros recursos, nuestras maquinarias, nuestros predios fiscales" mientras los ingresos no permanecen bajo administración provincial.

La neutralidad de la Cámara, bajo la lupa

En paralelo, los trabajadores volvieron a cuestionar a las cámaras empresariales que expresaron preocupación por la próxima temporada de cruceros, pero que hasta ahora no acompañaron públicamente el pedido de finalización de la intervención. Barría recordó que cursaron invitaciones formales a representantes de las cámaras de Turismo y Comercio para abrir un diálogo y coordinar acciones. Según señaló, hasta el momento de la entrevista no habían recibido respuesta.

En ese escenario surgió un elemento político que agrega un interrogante sobre la posición institucional de la Cámara de Turismo. Su presidente, Patricio Cornejo, defendió una posición presentada como neutral e institucional frente al conflicto. Sin embargo, Barría señaló públicamente la existencia de una relación afectiva entre Cornejo y la senadora nacional de La Libertad Avanza Belén Monte de Oca. "Dicen que es la pareja", afirmó la dirigente, y señaló que se trataría de una relación de público conocimiento.

Una relación personal, por sí sola, no demuestra que las decisiones institucionales de la Cámara respondan a intereses partidarios ni acredita una incompatibilidad jurídica. Pero frente a un conflicto protagonizado por una dependencia del Gobierno nacional, y ante la pertenencia de Monte de Oca al oficialismo, el vínculo plantea un potencial conflicto de intereses que hace razonable reclamar claridad sobre cómo se construye la posición de la entidad que representa al sector turístico.

Más aún cuando Cornejo representa a un sector directamente interesado en el funcionamiento del Puerto de Ushuaia y Monte de Oca ocupa una banca en el Senado de la Nación por Tierra del Fuego. Ambos, además, participaron públicamente en actividades vinculadas con el turismo antártico: Cornejo como presidente de la Cámara y representante del sector privado.

Por eso, el cuestionamiento de los trabajadores no debería reducirse a la vida privada de sus protagonistas. La cuestión periodísticamente relevante es otra: si ese vínculo puede condicionar —o generar dudas razonables sobre— la pretendida equidistancia institucional de la Cámara frente a una intervención ejecutada por el mismo espacio político al que pertenece la senadora. Barría vinculó expresamente ambas circunstancias y sostuvo que esa "neutralidad" podría estar atravesada por esos lazos políticos y personales, aunque se trata de su interpretación y no de una relación causal acreditada.

Mientras tanto, el dato material permanece: la plazoleta fiscal continúa siendo utilizada en el marco de la intervención; equipamiento adquirido por la Provincia sigue afectado a la operatoria; trabajadores provinciales continúan desplazados y las cámaras empresariales que expresan preocupación por la temporada todavía no habían respondido, al momento de la entrevista, a la convocatoria de los portuarios.

Para Barría, después de ocho meses ya no alcanza con declararse neutral. Los trabajadores sostienen que defender la temporada de cruceros implica también discutir quién administra el Puerto, quién utiliza sus bienes y quién controla los recursos que genera. Y allí la plazoleta fiscal adquiere un valor que excede el movimiento de contenedores: se transforma en una expresión concreta de la disputa por el control del Puerto de Ushuaia.