Denuncian que EPEC avanza con su privatización pese a estar judicializada

El abogado constitucionalista Miguel Rod. Villafañe denunció que la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) avanza ilegalmente en su transformación en sociedad anónima y busca incorporar a las cooperativas eléctricas como accionistas, pese a que la medida está impugnada y a la espera de un fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

En una columna de opinión publicada en El Diario, Villafañe recordó que en octubre de 2025 el TSJ declaró admisible la acción declarativa de inconstitucionalidad presentada por el Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba contra la Provincia, por la transformación de EPEC en sociedad anónima, basada en el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 del gobierno nacional.

El planteo sostiene que la conversión viola el artículo 127 de la Constitución provincial, porque sustrae a EPEC del control del Tribunal de Cuentas, y el artículo 23, inciso 8, que garantiza a los trabajadores la participación en la gestión de las empresas públicas. También se invoca el principio de progresividad, que impide medidas regresivas contra derechos laborales.

EPEC avanza a pesar de la causa

Villafañe señaló que, pese a que la causa sigue pendiente de resolución, EPEC se constituyó como sociedad anónima unipersonal (S.A.U.) y avanza con un "convenio marco" para que las más de 204 cooperativas eléctricas de la provincia se integren a una estructura societaria con participación accionaria mayoritaria de las cooperativas (70%) y de EPEC (30%), que además oficiaría como comercializadora.

El autor advierte que esta incorporación genera una superposición de roles: las cooperativas serían competidoras, coprestadoras y socias de EPEC a la vez, lo que compromete la imparcialidad regulatoria y afecta el principio cooperativo de autonomía.

Una contradicción de lógicas jurídicas

El abogado explica que si las cooperativas ingresan como accionistas quedarían regidas por la Ley de Sociedades Comerciales 19.550, donde el voto es proporcional al capital y las decisiones se toman por mayoría, lo que contradice los principios de la Ley 20.337 de Cooperativas, basada en "un socio, un voto" y retorno de excedentes según el uso del servicio.

"Una cooperativa no puede, sin desnaturalizarse, ser al mismo tiempo sujeto regido por el principio de igualdad política de sus asociados y accionista en una sociedad regida por el principio de proporcionalidad del capital", sostiene.

Además, Villafañe afirma que la propuesta es "una trampa" porque a las cooperativas se les daría importes por ganancias y no por excedentes, algo que no existe en la economía solidaria. También advierte que la apertura del capital social convertiría a la S.A.U. en una sociedad anónima común, lo que eliminaría la fiscalización estatal permanente que exige la ley para las unipersonales (art. 299, inc. 7).

Rechazo de las cooperativas

El autor recuerda que las Cooperativas Autoconvocadas, reunidas el 12 de agosto de 2026, rechazaron por unanimidad la regionalización propuesta por EPEC, por considerar que vulnera la autonomía y representación de las entidades.

"El Estado provincial, a través de EPEC, no puede desnaturalizar el mandato constitucional de fomentar y promover la organización y desarrollo de cooperativas", concluye.