Denuncian que el plan de concesiones de Milei es "un impuesto a la circulación" y alertan sobre tarifas que se disparan

El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial calificó como "una burla a los usuarios" el nuevo sistema de concesiones de rutas que impulsa el gobierno de Javier Milei. La crítica apunta a la instalación de peajes en rutas existentes sin caminos alternativos, lo que consideran un tributo encubierto.

Ricardo Lasca, coordinador del Comité, sostuvo que el esquema no es un peaje tradicional: "Esto no es peaje, es un impuesto a la circulación", afirmó en diálogo con AIRE. Según explicó, las concesiones se limitarían a tareas de mantenimiento básico como corte de pasto y bacheo, mientras que las tarifas podrían duplicarse, triplicarse o incluso cuadruplicarse.

¿Cuánto podrían llegar a pagar los conductores?

Lasca detalló que al haber distintas concesiones y empresas, cada operador fijaría su propio valor. "Hay casos de 1.300 pesos, de 4.000, de 3.000", ejemplificó. En el peaje del puente Rosario-Victoria, un automóvil podría abonar unos 5.000 pesos, mientras que un camión de varios ejes llegaría hasta 45.000 pesos por estación.

El nuevo esquema contempla la instalación de cinco estaciones de peaje en el tramo de la Ruta Nacional 11 que conecta Santa Fe con Resistencia. El Gobierno busca reactivar la infraestructura vial mediante concesiones privadas y mayor participación de las provincias, pero desde la entidad cuestionaron la falta de caminos alternativos y el impacto en el bolsillo de los usuarios.

El costo que paga toda la sociedad

Lasca advirtió que el impacto no se limita a quienes tienen vehículo: "Todo lo termina pagando la sociedad en su conjunto", señaló, ya que el costo del transporte se traslada al precio final de los productos. Además, rechazó el argumento de falta de recursos: el impuesto a los combustibles recauda miles de millones de dólares al año, que deberían destinarse a obras viales.

En paralelo, el Gobierno dispuso una actualización parcial de los impuestos a los combustibles para julio y difirió para agosto el ajuste restante, según un decreto publicado en el Boletín Oficial. La medida busca evitar un impacto inflacionario, pero con ingresos deprimidos, cualquier ajuste afecta a salarios ya pulverizados por la crisis.

Lasca reclamó mayores controles sobre el destino de los fondos para infraestructura y criticó el traspaso de rutas nacionales a las provincias sin presupuesto para su mantenimiento. "Hay una falta de política de Estado de transporte", concluyó.