Denuncian que el estrés está enfermando al personal judicial de La Pampa

El Sindicato de Trabajadores Judiciales de La Pampa (Sitraj) presentó un reclamo formal ante el Superior Tribunal de Justicia en el que advierte una crisis laboral e institucional que afecta a las Defensorías Civiles de todas las circunscripciones de la provincia.

La presentación, radicada el 16 de octubre y firmada por la secretaria general del gremio, Susana Funes, fue dirigida a la secretaria de Recursos Humanos del STJ, María Carolina Solera. Allí se exige la puesta en marcha de un plan técnico de contención sanitaria y, sobre todo, evaluaciones psicológicas para todo el personal del área civil.

Qué factores señalan desde el gremio

Según el diagnóstico del Sitraj, el deterioro de la salud de los trabajadores responde a una combinación de problemas que se acumulan: el volumen excesivo de tareas ordinarias, las exigencias diarias, las deficiencias edilicias y una mala distribución de los espacios físicos donde trabajan las cuadrillas judiciales.

Ese escenario de precariedad, sostienen, favorece la aparición de síntomas que afectan tanto el cuerpo como la salud mental de los agentes y terminan contaminando el clima laboral. Por eso el pedido concreto es que el organismo judicial de salud realice los estudios correspondientes a la totalidad del personal del área civil, con el fin de detectar tempranamente o diagnosticar patologías derivadas de lo que calificaron como una "situación de emergencia de público conocimiento".

El argumento: el Estado como empleador

En la misiva, Funes plantea que "la situación que se ve agravada por las condiciones edilicias, la distribución de los espacios, el cúmulo de tareas y las exigencias laborales. Estos factores resultan altamente significativos en el desarrollo de síntomas que pueden afectar tanto la salud física como psicológica, profundizando la vulnerabilidad de los y las trabajadoras en el ámbito laboral".

El sindicato también apunta a la responsabilidad del Poder Judicial: "en su doble carácter de empleador y Poder del Estado, tiene la obligación ineludible e indelegable de velar por la salud y la integridad de sus trabajadores y trabajadoras, debiendo para ello conocer acabadamente su estado de salud y adoptar las medidas que la situación requiera".

El reclamo queda ahora en manos de las autoridades del STJ, que deberán responder si avanzan con las evaluaciones psicológicas y con las mejoras edilicias que el gremio considera urgentes.