Denuncian que EJESA cobró IVA oculto y se apropió de impuestos por combustible que nunca usó

Dos ciudadanos de Jujuy presentaron una denuncia penal tributaria ante la Justicia Federal que sacude a la Empresa Jujeña de Energía S.A. (EJESA). La acusan de ocultar el cobro de IVA en las facturas de luz y de apropiarse de impuestos a los combustibles que nunca se consumieron, con un perjuicio fiscal estimado en más de $6.600 millones.

La presentación describe un supuesto "ardid contable, coordinado y sostenido" para evadir los controles de la AFIP y perjudicar a los usuarios residenciales, comerciales e industriales de la provincia.

Las tres maniobras denunciadas

Según la denuncia, la empresa habría utilizado distintos mecanismos según el tipo de cliente. En el caso de los hogares, el IVA del 21% sobre el sobreprecio del Sistema Aislado Provincial (SAP) se habría facturado como "exento" o "no alcanzado", omitiendo el pago al fisco. Entre mayo de 2024 y mayo de 2025, el perjuicio por esta vía ascendería a $3.550.618.270,97.

Para comercios e industrias, la maniobra habría sido más compleja: EJESA calculaba el IVA (21% o 27%) y lo incluía oculto dentro de la tarifa, pero nunca lo declaraba ni lo ingresaba al Estado. La evasión en este rubro alcanzaría los $2.876.958.720,97 en el mismo período.

Además, se denuncia la apropiación de $226.651.211,44 en concepto de Impuesto a los Combustibles Líquidos (ITC) e Impuesto al Dióxido de Carbono (ICO2), correspondientes a combustible que nunca se habría comprado ni utilizado para la generación eléctrica.

En total, la presunta defraudación a la Hacienda Pública Nacional acumulada en doce meses escalaría a $6.654.728.203,38.

El pedido de informes de Juan Soler

El diputado provincial Juan Soler confirmó que presentará un pedido de informes para que EJESA y la SUSEPU respondan cada punto técnico de la denuncia. El legislador busca determinar si hubo comprobantes reales de compra de combustible y si se está incurriendo en un doble cobro, dado que la SUSEPU autoriza anualmente más de $7.300 millones para cubrir los costos del sistema aislado.

Soler también reclamó que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) intervenga de oficio para auditar el pago del IVA, y advirtió que, si se confirman las irregularidades, corresponderían sanciones como el embargo de cuentas, la inhabilitación comercial y multas, además de la responsabilidad penal y civil de los directivos.

El legislador recordó que la Legislatura ya había acordado citar a los directivos de EJESA a un plenario de comisiones, algo que aún no se concretó. "Si la empresa no responde o no puede explicar estos sobrecostos, estamos ante una suma de causales que obligan a la política a revisar seriamente el contrato de concesión y evaluar directamente su rescisión", concluyó.