Denuncian que EDESA cobraría un arancel a jubilados por un trámite que debería ser gratuito

Una asociación de defensa del consumidor puso en alerta a los jubilados de Salta: EDESA podría estar cobrando por el cambio de titularidad del servicio eléctrico, un trámite que, según denuncian, no debería tener costo. La intimación formal ya fue presentada y la empresa tiene 48 horas para responder.

El abogado Daniel H. Paganetti, en representación de la asociación Protectora, presentó una intimación formal contra EDESA S.A. para que, en caso de que se esté cobrando, cese de inmediato el arancel por el cambio de titularidad del servicio eléctrico. Según sostiene, los jubilados y pensionados estarían pagando este cargo para poder acceder al Bono Eléctrico Provincial 2026.

¿Qué denuncia el abogado?

La presentación no afirma que el cobro exista como un hecho comprobado. Por el contrario, se basa en información difundida por distintos medios de comunicación provinciales y solicita que la empresa aclare la situación. En el escrito, el abogado sostiene que la intimación se formula "en el caso de certificarse el supuesto cobro" del cargo administrativo.

Según la denuncia, diversos medios locales se hicieron eco de un supuesto "trámite simplificado" implementado por EDESA para realizar el cambio de titularidad del servicio. Siempre de acuerdo con la presentación, inicialmente el costo habría sido de $50.000, financiable en cuotas, mientras que posteriormente se habría reducido a $15.000 para usuarios del interior de la provincia.

Para el abogado, de confirmarse esa situación, se estaría cobrando por una actualización administrativa que debería formar parte de las obligaciones propias de la empresa prestataria.

Piden que el trámite sea gratuito

En el escrito presentado ante EDESA, Protectora solicita que, si efectivamente existe ese cargo, la empresa deje de percibirlo y restituya cualquier suma que ya hubiera sido abonada por jubilados, pensionados u otros usuarios en situación de vulnerabilidad. También advirtió que, si no obtiene una respuesta en 48 horas, evaluará iniciar una acción colectiva.

El planteo se apoya en normas de defensa del consumidor, principios constitucionales y en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, al considerar que un eventual cobro podría representar una barrera económica para acceder a un beneficio social.

El comunicado de Protectora

En un comunicado de prensa, la asociación sostuvo que "de ser cierto", el cobro sería improcedente y que un trámite administrativo no debería reducir el monto de un beneficio destinado a jubilados y pensionados. Además, informó que dio intervención al Ente Regulador de los Servicios Públicos (ENRESP) y que otorgó un plazo de 48 horas para que EDESA responda a la intimación.