Denuncian que CAMYEN entregó áreas mineras protegidas pese a una ley que lo prohíbe

Una mujer radicó una denuncia penal contra autoridades de CAMYEN por la presunta comisión de delitos vinculados con el ejercicio de la función pública y posibles infracciones a la legislación ambiental.

La presentación fue realizada ante el Fiscal General en lo Penal y apunta a las actuaciones relacionadas con la adjudicación, licitación y/o concesión de áreas de exploración minera denominadas Campo de Piedra Pómez y Laguna Purulla, ubicadas en el departamento Antofagasta de la Sierra.

Según sostiene la denunciante, esos sectores se encuentran dentro de un territorio alcanzado por restricciones para la actividad minera establecidas por la Ley Provincial 5070, que contempla la protección de determinadas áreas naturales.

La presentación cuestiona que, pese a esas restricciones, desde CAMYEN se habrían otorgado derechos de exploración sobre esos polígonos territoriales. La denunciante afirma que los funcionarios intervinientes habrían tenido conocimiento de las limitaciones legales y, aun así, habrían avanzado con los actos administrativos correspondientes.

En ese marco, plantea que las conductas podrían configurar el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, además de otras figuras que pudieran surgir durante la investigación. También advierte sobre un eventual riesgo de afectación ambiental.

Piden investigar las concesiones

Como parte de la denuncia, se solicitaron distintas medidas de prueba para determinar cómo fueron otorgados los derechos mineros y qué autorizaciones existen sobre las áreas cuestionadas.

Entre ellas, se pidió que la Autoridad de Aplicación Ambiental y el Juzgado de Minas remitan copias certificadas de los expedientes administrativos correspondientes.

También se solicitó información al Ministerio de Minería, CAMYEN y el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente sobre las concesiones de cateo vigentes, sus titulares, los estudios de impacto ambiental presentados, las autorizaciones otorgadas y los procesos de participación realizados.