El diputado Cacho Bárbaro denunció penalmente al coordinador de Tabaco de Nación por demoras en fondos del FET que afectan a Misiones. La cifra que maneja la presentación y el detalle que más complica al funcionario.
El diputado provincial Héctor “Cacho” Bárbaro presentó una denuncia penal contra Marcelo Horacio Reinoso, coordinador de Tabaco de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, por presuntas irregularidades y demoras en el manejo de los recursos del Fondo Especial del Tabaco (FET) que corresponden a Misiones. La presentación ya quedó radicada en la Fiscalía Federal de Oberá y pide investigar si el funcionario incurrió en delitos como incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y omisión de actos de oficio.
El núcleo de la denuncia: los POA trabados
El escrito se concentra en la tramitación de los Programas Operativos Anuales (POA), que son los que financian proyectos productivos, sanitarios, de infraestructura y de asistencia para las familias tabacaleras. Según la documentación que Bárbaro adjuntó, en Misiones hay 30 subcomponentes que esperan aprobación: 12 tienen expediente abierto y los otros 18 ni siquiera cuentan con número de expediente.
Los que ya tienen expediente representan $74.485 millones, mientras que los que aún no lo tienen suman otros $22.783 millones. En total, el monto comprometido en programas que aguardan aprobación supera los $97.268 millones.
Qué hay detrás de las demoras
Bárbaro sostiene que estas demoras ponen en riesgo recursos clave para sostener la actividad y atender las necesidades de los productores. Entre las iniciativas afectadas hay prestaciones de salud, cobertura médica, asistencia productiva, infraestructura, equipamiento y mantenimiento de caminos rurales.
Un caso testigo que incluye la denuncia es el de un programa de prestaciones sanitarias. Según el escrito, esa iniciativa había sido aprobada en febrero de 2025, antes de que Reinoso asumiera su cargo, pero su continuidad para 2026 seguía sin autorización al cierre de octubre, a pesar de que contemplaba un incremento del 25% en el monto previsto.
La reunión que nunca se hizo
Otro punto que cuestiona la presentación es la falta de convocatoria a la comisión que debe fijar los coeficientes de distribución del FET entre las provincias productoras. De acuerdo con Bárbaro, el plazo para esa reunión venció el 30 de septiembre de 2026 y el encuentro nunca se concretó, lo que genera incertidumbre sobre cómo se asignarán los recursos.
El control sobre la recaudación y las cigarreras
La denuncia también apunta a la recaudación del FET y al control de los aportes de las empresas fabricantes de cigarrillos. En ese aspecto, el diputado pidió investigar si la Coordinación de Tabaco cumplió con las tareas de seguimiento y fiscalización, sobre todo frente a las controversias judiciales y tributarias que afectan los ingresos del sector.
En particular, menciona la falta de recursos vinculados con el impuesto mínimo a los cigarrillos y sus posibles consecuencias sobre el financiamiento de los programas tabacaleros.
Qué documentación piden y quiénes serían testigos
Para avanzar con la investigación, Bárbaro solicitó que se requiera documentación a la Secretaría de Agricultura, al Ministerio de Economía, a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y al Banco de la Nación Argentina. El objetivo es determinar el estado de los expedientes, la disponibilidad de los fondos y el cumplimiento de los procedimientos administrativos.
Además, ofreció como testigos a representantes de organizaciones tabacaleras de Misiones, entre ellos dirigentes de la Asociación de Campesinos Tabacaleros Independientes de Misiones (ACTIM), la Asociación de Plantadores de Tabaco de Misiones (APTM) y la Cámara del Tabaco de Misiones.
El legislador pidió la apertura de una investigación penal preparatoria y la producción de pruebas documentales, testimoniales y periciales para establecer si hubo incumplimientos y si corresponden responsabilidades penales.
Qué sigue
La denuncia quedó radicada en la Fiscalía Federal de Oberá. Ahora la Justicia deberá evaluar si las demoras denunciadas son irregularidades administrativas o si configuran delitos. Hasta el momento, la presentación solo expone los cuestionamientos del legislador y no implica que las conductas atribuidas al funcionario hayan sido comprobadas.
