Denuncian ante la Justicia a un estudiante que pateó a un perro en un colegio de Corrientes

El maltrato animal ocurrido en el Colegio Secundario Dr. Eloy Ortega, de la ciudad de Corrientes, reavivó el debate sobre la violencia contra los animales y la necesidad de respuestas concretas. Un video que muestra a un estudiante agrediendo a un perro se viralizó rápidamente y derivó en una denuncia formal ante la Justicia y en el pedido de intervención de distintos organismos.

El ambientalista correntino Luis Martínez, junto a la abogada animalista Liliana Gómez, presentó la denuncia y reclamó que estos hechos no sean naturalizados. Según el escrito, el adolescente habría agredido físicamente al animal mediante una patada dentro del establecimiento educativo.

El reclamo de los ambientalistas

Martínez aseveró: “Ante el grave hecho de maltrato hacia un animal ocurrido dentro del Colegio Secundario Dr. Eloy Ortega, de la ciudad de Corrientes, donde un adolescente habría agredido físicamente a un perro mediante una patada, hemos realizado (…) una denuncia formal ante la Justicia, solicitando la adopción de distintas medidas tendientes a determinar las responsabilidades que corresponda. Este tipo de hechos no puede ser naturalizado”.

En esa línea, el activista sostuvo que “el maltrato y la violencia ejercida contra un animal constituyen una problemática que debe ser abordada con seriedad, especialmente cuando ocurre dentro de una institución educativa”. Además, pidieron la “intervención de otros organismos competentes, entre ellos el Ministerio de Educación de la Provincia de Corrientes, a fin de que se adopten las medidas administrativas y educativas que correspondan, y del Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia”.

Hacia el cierre de su escrito, publicado en sus redes sociales, Martínez remarcó que “la Justicia y los organismos competentes arbitren los mecanismos que sean necesarios ante este hecho”.

El rol de las escuelas y la prevención

El caso volvió a instalar la discusión sobre el papel de las instituciones educativas frente a situaciones de violencia hacia los animales. Además de la intervención judicial, se solicitó que las autoridades competentes establezcan medidas administrativas y educativas.

Para los ambientalistas, el desafío no pasa únicamente por actuar después de cada caso, sino también por reforzar la concientización sobre el respeto y el cuidado de los animales. La preocupación se centra en que las agresiones no sean tomadas como hechos aislados o menores, sino como situaciones que requieren una respuesta acorde y acciones destinadas a prevenir nuevos hechos. Así, el episodio funciona como disparador de un reclamo más amplio: que frente a la violencia animal haya respuestas concretas, se determinen responsabilidades y se impulsen medidas que contribuyan a evitar que este tipo de conductas terminen naturalizándose.