Denuncia que el Puerto de Ushuaia quedó sin controles: "No se aplica el derecho"

El abogado Manuel Raimbault representa a dos trabajadoras de la Dirección Provincial de Puertos con tutela sindical y no ahorra calificativos al describir cómo funciona hoy la intervención nacional del Puerto de Ushuaia. Su diagnóstico es duro: la falta de controles, la exclusión de personal y la ausencia de procedimientos administrativos hacen muy difícil reconocer allí las características de un organismo estatal.

"A veces, sinceramente, no es para exagerar, pero cuesta discernir si eso es una organización criminal o una persona jurídica estatal. Es muy difícil discernirlo", afirmó el letrado. La frase resume su postura sobre el accionar de los interventores y el modo en que se tomó el control de la terminal portuaria.

Una ocupación previa al acto administrativo

Raimbault sostuvo que la intervención arrancó con una ocupación material de las instalaciones, con participación de fuerzas de seguridad, incluso antes de que el acto administrativo que la disponía estuviera vigente. Desde ese momento, según denunció, se impide el ingreso de trabajadores y funcionarios provinciales sin ningún procedimiento que justifique esas restricciones.

Para el abogado, el conflicto excede una pulseada entre Nación y Provincia. "Si lo mirás desde el federalismo, todo lo que estamos diciendo se traslada directamente a un comportamiento material de hechos lesivos, por el cual una organización intermedia, una persona jurídica muy intermedia, toma por la fuerza una dependencia estratégica del Estado provincial", explicó.

Sin fiscalización ni acceso a los sistemas

El letrado remarcó que los trabajadores excluidos no pueden cumplir sus tareas administrativas, ni siquiera a través de sistemas digitales o accesos remotos. Eso, advirtió, elimina los mecanismos de fiscalización sobre expedientes, contrataciones y uso de recursos públicos.

"El puerto se convirtió en un lugar en donde no se aplica el derecho, en donde no se aplican las normas laborales", sostuvo, y alertó sobre la "grave potencialidad de corrupción" que implica una administración sin controles.

En la misma línea, cuestionó que sea posible encontrar rasgos de legalidad en la gestión. "Los rasgos salientes de esa intervención, lo más probable es que nos cueste encontrar alguno que represente un rasgo de estatalidad, de legalidad, más bien todo lo contrario", manifestó.

El acta notarial y la orden que no aparece

Uno de los puntos que más cuestiona es la inexistencia, hasta ahora, de una orden escrita incorporada al expediente judicial que justifique el impedimento de ingreso al puerto. Por eso pidieron a la Prefectura Naval Argentina las actuaciones correspondientes y reclamaron al tribunal una inspección ocular de las instalaciones.

Como elemento relevante mencionó un acta notarial labrada en las primeras horas de la intervención, cuando autoridades provinciales intentaron entrar al puerto. Según su relato, personal de Prefectura consultó en ese momento con representantes de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) que ya estaban dentro del predio.

Para Raimbault, esa circunstancia es un indicio de que las órdenes provenían de funcionarios nacionales, aunque todavía no se haya podido acceder a instrucciones escritas. También denunció que las restricciones alcanzaron a organismos de fiscalización ambiental y al Tribunal de Cuentas, lo que profundiza la falta de controles sobre la administración portuaria.

"Creo que en algún momento esto se va a traducir en una investigación no tanto laboral, sino más bien de tipo criminal o penal", advirtió.

Qué pasó en la audiencia ante Calvete

En cuanto a la causa que impulsa por las dos trabajadoras con tutela sindical, el abogado valoró la audiencia del pasado 22 ante el juez federal Federico Calvete, con representantes de los organismos nacionales demandados.

Según explicó, pudieron exponer los cuestionamientos a la intervención desde lo laboral: los impedimentos para prestar servicios, la discriminación sindical y los presuntos actos de violencia laboral, en contradicción con las garantías de la Organización Internacional del Trabajo.

El tribunal, indicó, reconoció la sensibilidad del conflicto y la existencia de intereses públicos relevantes. Ahora deberá resolver sobre la admisibilidad de las pruebas solicitadas, fijar un plazo breve para producirlas y luego dictar sentencia en el amparo.

Para cerrar, Raimbault subrayó que la controversia va más allá de los derechos individuales de las demandantes y compromete principios básicos del funcionamiento institucional. "Que el Estado se maneje dentro del marco de legalidad, que en los ambientes de trabajo no haya violencia, que no se discrimine, no son temas de intereses particulares o individuales", concluyó.