Denuncia opositora y fallo judicial: suspenden reunión clave para elegir al Defensor del Niño

Un fallo judicial frenó en seco los planes del oficialismo en la comisión bicameral que debe definir al nuevo Defensor de Niñas, Niños y Adolescentes. La reunión prevista para avanzar con el reglamento del concurso fue suspendida tras una denuncia de la oposición que cuestionó la integración del organismo.

¿Qué pasó con la reunión?

La comisión bicameral, presidida por la senadora libertaria Vilma Bedia, tenía previsto reunirse para elaborar el reglamento del nuevo concurso para seleccionar al Defensor. Sin embargo, los representantes de La Libertad Avanza decidieron suspender el encuentro después de que el juez Enrique Lavié Pico hiciera lugar a un amparo presentado por los senadores Pablo Bensusán y Anabel Fernández Sagasti.

El magistrado anuló el decreto de integración de la comisión, al considerar que no respetó la proporcionalidad de las representaciones políticas en el Senado.

El fallo judicial: “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”

En su presentación, los legisladores peronistas señalaron que la Ley de Protección Integral de los Derechos de los Niños exige que la bicameral se integre respetando la proporción de las representaciones políticas. “Dos bloques con la misma cantidad de senadores tuvieron un trato completamente distinto”, denunciaron.

El senador Pablo Bensusán celebró el fallo: “No discutíamos un cargo ni una formalidad. Defendimos algo esencial: que una comisión encargada de proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes respete la ley, los reglamentos y la representación democrática del Senado”. Y agregó: “El Senado no explicó por qué asignó dos lugares a uno de los bloques mayoritarios y dejó sin representación al otro. Esa falta de fundamentos configuró una arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”.

El juez Lavié Pico detalló que la resolución 32/2026 de la presidencia del Senado fue dictada al margen de la normativa, al designar a dos representantes de uno de los bloques mayoritarios y ninguno del bloque de los actores, siendo que ambos tienen la misma cantidad de senadores.

La resolución de la vicepresidenta Victoria Villarruel había establecido que los cinco representantes del Senado son Vilma Bedia y Carmen Álvarez Rivero (LLA); Gabriela Valenzuela (UCR); Victoria Huala (PRO); y un representante para el Justicialismo que aún está vacante. En Diputados, según la resolución de Martín Menem, los representantes son tres libertarios: Nicolás Mayoraz, Soledad Mondaca y Santiago Santurio; y dos de Unión por la Patria: Juan Carlos Molina y Blanca Osuna.

Rechazo de las organizaciones

Las principales organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes emitieron un duro comunicado y enviaron notas a la comisión denunciando los cambios que estudia La Libertad Avanza, como la eliminación del examen escrito y el orden de mérito para la selección del Defensor, lo que consideran violatorio de la ley.

Para los firmantes, la intención del oficialismo es vaciar de contenido el concurso público de oposición de antecedentes. En el sistema legal argentino no existe concurso público de oposición de antecedentes sin instancias de evaluación formal y asignación de puntajes para elaborar un orden de mérito.

Las organizaciones destacan que, para la selección de jueces en el Consejo de la Magistratura, el reglamento dispone un examen escrito, evaluación de antecedentes, entrevista personal y una prueba de oposición, con puntuación y orden de mérito. Lo mismo ocurre para fiscales y defensores.

El documento lleva las firmas de Eduardo Ferreyra (ACIJ), Alejandra Perinetti (Aldeas Infantiles SOS), Dana Borzese (Doncel), Natalia Gherardi (ELA) y Mabel Bianco (FEIM), entre otros.

El concurso anulado y el nuevo reglamento

En mayo, La Libertad Avanza dejó sin efecto la elección y designación de María Paz Bertero, una abogada especializada en género cercana al gobernador Axel Kicillof, como defensora, y anunció un nuevo concurso. Su nombramiento había sido ratificado por la Cámara de Diputados con los votos de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, radicales críticos, la Coalición Cívica y fuerzas provinciales.

La resolución que lleva las firmas de los diputados libertarios Santurio, Mondaca y Mayoraz, y las senadoras Bedia, Márquez, Álvarez Rivero y Huala, da por finalizado el concurso público de antecedentes y oposición año 2025 y convoca a uno nuevo, según lo establecido en el artículo 49 de la ley 26.061.

El proyecto de nuevo reglamento también condiciona la participación de niñas, niños, adolescentes y organizaciones mediante un “Registro Especial de Participación Ad Hoc”, que restringe el derecho a peticionar protegido por el artículo 14 de la Constitución.