Demoras en pagos por discapacidad: el dato que preocupa a las familias de Roca

Profesionales y trabajadores que brindan prestaciones a personas con discapacidad están en alerta por las demoras en los pagos de junio. El reclamo tiene alcance nacional y, en Roca, referentes del Espacio Neurodivergente RN advierten que la situación ya amenaza la continuidad de las terapias.

Según denunciaron desde el sector, al 25 de agosto varias obras sociales todavía no habían realizado los pagos porque no recibieron los desembolsos correspondientes al Fondo Solidario de Redistribución, administrado por la Superintendencia de Servicios de Salud. El organismo atribuyó las demoras a una menor recaudación por parte de ARCA.

El conflicto se da en un contexto donde los prestadores aseguran que los aranceles tuvieron actualizaciones insuficientes frente al atraso acumulado. "Durante este tiempo aumentaron los aranceles, pero a un ritmo del 1,2 por ciento y no llegan a cubrir el atraso del 70 por ciento que venía de arrastre", señalaron desde el sector.

Desde las organizaciones que nuclean a prestadores advierten que, si la situación se prolonga, podría verse comprometida la continuidad de las prestaciones para miles de personas con discapacidad.

La preocupación que se extiende en Roca y la región

Desde Espacio Neurodivergente RN explicaron a ANRoca que, para las familias, el problema excede a una demora puntual de una obra social. Según describieron, existe un circuito administrativo que comienza cuando el profesional brinda la prestación y factura, continúa con la auditoría de la obra social y la intervención de la Superintendencia, hasta llegar finalmente a la transferencia de los fondos. "Hoy ese circuito está trabado en ARCA", señalaron.

La situación no afecta de la misma manera a todas las obras sociales. Según indicaron desde el espacio, IPROSS realizó un depósito, mientras que hasta el momento del relevamiento todavía no habían recibido pagos otras entidades como Ospecom, OSECAC, Galeno, Instituto, Unión Personal y PAMI.

"Hay prestadores que llevan meses sin cobrar prestaciones que ya brindaron", remarcaron. Para las familias, la demora tiene una consecuencia concreta: la incertidumbre sobre la posibilidad de que los profesionales puedan continuar sosteniendo sus tratamientos.

"Porque detrás de cada factura que no se paga hay un niño o una niña que necesita continuar con su terapia, una familia que sostiene como puede y un profesional que sigue trabajando sin saber cuándo va a cobrar", expresaron.

Además, pusieron el foco en un posible efecto indirecto de la crisis: que los prestadores particulares no puedan sostener las terapias y comiencen a interrumpirse tratamientos. En ese escenario, señalaron que muchas familias podrían terminar recurriendo al sistema público de salud, que ya enfrenta una demanda elevada.

En Roca, mencionaron particularmente la situación del hospital y Adanil, y advirtieron que ambos espacios podrían tener dificultades para absorber de manera inmediata a todas las personas que actualmente reciben sus tratamientos mediante prestadores particulares.

"Entonces no estamos hablando solamente de un problema económico de los prestadores. Estamos hablando del acceso a la salud y de la continuidad de tratamientos de niños, niñas y personas con discapacidad", plantearon.

Frente a este escenario, desde el espacio remarcaron que el reclamo no apunta a obtener un beneficio extraordinario, sino a garantizar el pago de prestaciones que ya fueron realizadas y evitar que los tratamientos se interrumpan.

"No somos expedientes, no somos números, somos personas. Y la discapacidad no puede seguir siendo la variable de ajuste", sentenciaron.