Deliverys de Santa Fe, contra las cuerdas: hasta 5 robos por día y una ley que sigue en el cajón

Los repartidores de apps de Santa Fe están hartos: denuncian que sufren hasta cinco asaltos por día y que la ley que debía protegerlos sigue sin aplicarse. La norma 14.362, que contempla GPS, botón antipánico y monitoreo, fue promulgada en mayo de 2025, pero a más de un año de su sanción, los trabajadores siguen esperando que el Gobierno provincial la reglamente.

El reclamo volvió a tomar fuerza esta semana. Representantes de asociaciones de repartidores se reunieron con la diputada provincial Verónica Baró Graf, coordinadora del Observatorio de Víctimas de la Cámara de Diputados, para pedir su intervención. El contexto es alarmante: los trabajadores que circulan en motos y bicicletas por las calles santafesinas se enfrentan a la violencia de manera cotidiana.

Una ley que se aprobó pero no se cumple

La Ley 14.362 fue promulgada por el Poder Ejecutivo provincial el 26 de mayo de 2025. Establece que el Ministerio de Seguridad debe confeccionar un registro de trabajadores, asignar dispositivos de geolocalización y desarrollar un sistema de monitoreo permanente. Sin embargo, los repartidores aseguran que esas herramientas nunca llegaron.

Durante el tratamiento legislativo, el Ejecutivo provincial planteó modificaciones al sistema original. “Ellos propusieron otro sistema de monitoreo. Nosotros dijimos: bueno, ahora nos falta que digan cuál y que lo podamos poner”, explicó Baró Graf. La legisladora fue contundente: “Esto está bajo el Ministerio de Seguridad, o sea que son ellos quienes tendrían que decir cómo vamos a implementar”.

Robos, golpes y disparos: la realidad de los deliverys

María Fernanda Fernández, referente del sector, describió un escenario de violencia extrema. “Sin ir más lejos, la chica que fue de público conocimiento, a la que le tiraron cinco tiros y uno le logró impactar en la pierna, es compañera de nosotros”, relató. También mencionó otro episodio reciente: “A una compañera le metieron un culatazo, le robaron la bicicleta, el celular, la mochila, le robaron todo. Pero aparte, ese golpe prácticamente casi le quita la vida”.

La cantidad de trabajadores que dependen del delivery sigue creciendo. En Santa Fe hay alrededor de 2.000 repartidores, mientras que en Rosario la cifra ronda los 4.000, según detalló Fernández. Además, denunció una situación preocupante: “Nos reunimos con funcionarios de este Ministerio y nos encontramos con que los mismos desconocían la existencia de esta ley y sus alcances”.

¿Qué propone la ley?

El Monitoreo Informático Permanente (MIP) contempla la geolocalización de los trabajadores durante sus jornadas, un sistema de seguimiento y una central de denuncias con botón antipánico. También se crearían canales de denuncia anónima para que los repartidores puedan aportar información sobre delitos sin quedar expuestos.

Para Baró Graf, los repartidores pueden ser “los ojitos ciudadanos” que ayuden a prevenir el delito. “Le serviría al Ministerio de Seguridad también tener esos ojitos que ven”, sostuvo. Además, señaló que los vehículos robados a los deliverys suelen ser utilizados para cometer otros crímenes. “Cuando les roban el utilitario, la bicicleta, la moto, lo que sea, también después se utiliza para delinquir. Y nosotros decimos: obviamente que no es el delivery el que delinque”, remarcó.

Un reclamo que lleva años

El proyecto para proteger a los trabajadores de delivery se presentó originalmente en 2021, tras los numerosos episodios de inseguridad que comenzaron a sufrir durante la pandemia. Perdió estado parlamentario, se presentó nuevamente y finalmente se convirtió en ley en mayo de 2025. Pero desde entonces, los trabajadores aseguran que la norma quedó sin aplicación.

Baró Graf adelantó que realizará nuevas gestiones ante el Ejecutivo y presentará un pedido formal para exigir la puesta en funcionamiento de la normativa. “Vamos a volver a pedir que esto se pueda reglamentar para poder ejecutar”, afirmó. Y concluyó: “Una vez que se hace público y se ejecuta esta ley, obviamente que va a haber una especie de prevención del delito para que no sean tan atacados ellos”.

Mientras tanto, los repartidores continúan trabajando expuestos en las calles, con sus propios vehículos y teléfonos, esperando que una ley aprobada para protegerlos deje de ser letra muerta.