Debía explicar de qué vive y su respuesta en plena audiencia generó más de una sospecha

Alejandro Almada declaró ante la jueza Marina Barbagelata que sigue cobrando un sueldo de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, aunque admitió que no pisa el edificio. La revelación se dio en la misma audiencia en la que se ordenó su prisión preventiva por 30 días en la cárcel de Paraná.

El imputado fue consultado puntualmente sobre su actividad laboral. Sin vueltas, confirmó que mantiene un ingreso fijo del Poder Legislativo provincial: «Recibo un ingreso de la Cámara de Diputados», declaró. Cuando la magistrada quiso saber si concurría presencialmente a cumplir tareas, su respuesta fue tajante: «Físicamente, no». Y cuando le preguntaron cómo justificaba ese haber, respondió: «Trabajo home office».

El abogado defensor Miguel Ángel Cullen intervino para aclarar que la modalidad virtual responde a una restricción vinculada a su situación procesal en la causa. Es decir, no se trata de una elección laboral sino de una limitación derivada del expediente judicial.

El domicilio que no informó

En otro tramo de la audiencia, Almada intentó explicar por qué no comunicó a la Fiscalía su cambio de domicilio. «Su señoría, habría que corroborar con el fiscal Aramberry. La preventiva en 2018 y 2019 la tenía en calle Irigoyen 85. Estuve hasta 2023 ahí, y luego la mamá de mi nena va a emprender para allá (Brasil), y yo voy a vivir con mi mamá al domicilio de calle Los Ceibos. Yo desde 2024 estoy separado. Estuve hasta 2023 en calle Irigoyen. Ahora vivo en Los Ceibos y viajo a ver a mi hija allá (a Brasil)».

La jueza de Garantías de Paraná resolvió su traslado a la cárcel de Paraná para cumplir 30 días de prisión preventiva hasta el 13 de octubre. La medida fue acordada entre el fiscal Ignacio Aramberry y el defensor Cullen.

Los argumentos de la Fiscalía

El fiscal Aramberry justificó el encierro preventivo por peligro de fuga e incumplimiento de pautas. Detectó que Almada abandonó el domicilio fijado en Paraná para residir de forma prolongada cerca de la frontera con Brasil. Además, fundamentó el riesgo de entorpecimiento en la detección de un entramado comercial registrado a nombre de su pareja y cuñado en Foz de Iguaçu por cientos de miles de reales, que incluiría empresas gastronómicas, inmobiliarias y de viajes. Según la Fiscalía, ese entramado buscaría eludir la inhibición general de bienes vigente en el proceso.

Durante los 30 días de detención, las partes dialogarán sobre la posibilidad de arribar a un juicio abreviado en el que el imputado reconozca la comisión de los delitos a cambio de una pena inferior a los 10 años de cárcel solicitados formalmente por la Fiscalía en su pedido de remisión a juicio.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora