¿Deben los funcionarios pasar exámenes psicológicos obligatorios? La propuesta que sacude a la política salteña

La diputada provincial Mónica Juárez presentó un proyecto de ley que busca imponer evaluaciones psicológicas periódicas y obligatorias para los altos cargos de los tres poderes del Estado salteño. La iniciativa, que ya genera debate, apunta a redefinir qué significa ser 'idóneo' para gobernar.

La propuesta legislativa sacude los cimientos de la política local al cuestionar si los títulos académicos, la experiencia o el respaldo de las urnas son suficientes para ocupar posiciones de tamaña responsabilidad. La formación y la trayectoria importan, dice el proyecto, pero quizás no alcanzan cuando hay que tomar decisiones que afectan a miles de personas.

¿En qué consiste el examen?

Según el texto presentado, los funcionarios y autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial deberían someterse a una evaluación psicológica al asumir su cargo y, luego, renovarla cada dos años. Los equipos que realizarían estas evaluaciones serían interdisciplinarios y con total independencia del poder al que deban examinar.

La iniciativa también contempla fuertes garantías de confidencialidad. La información obtenida en estas evaluaciones estaría protegida por el secreto profesional, resguardando la intimidad de las personas evaluadas.

¿Qué dijo la autora del proyecto?

Mónica Juárez fue contundente al explicar los motivos de su propuesta: “Gobernar, legislar o administrar justicia implica afrontar escenarios de presión, conflictos complejos y decisiones que impactan sobre otras personas. Es razonable que el Estado establezca estándares acordes con esa responsabilidad”, afirmó la legisladora.

Sin embargo, Juárez fue clara en aclarar que la idea no es estigmatizar a los políticos ni controlar sus pensamientos. El objetivo, sostiene, es sumar herramientas técnicas que ayuden a garantizar un desempeño responsable en funciones de alta exigencia.

Un debate que va más allá de lo psicológico

La discusión que abre el proyecto trasciende el mero examen psicológico. Plantea una pregunta incómoda: ¿por qué el Estado les exige estándares de aptitud a sus trabajadores, pero no tiene parámetros equivalentes para quienes toman las decisiones más importantes?

La propuesta de Juárez invita a repensar el concepto de idoneidad en la función pública, poniendo sobre la mesa la salud mental como un factor clave para el ejercicio del poder. La iniciativa, que ya es tema de conversación en los pasillos legislativos, promete un debate intenso en los próximos meses.