De nueve acusados por Viento Sur, solo uno irá a juicio: qué dijo sobre la jueza y los fiscales

La causa por la Cooperativa Viento Sur dio un giro que dejó a Diego Mauro, referente del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), como el único imputado que podría sentarse en el banquillo. La jueza Natalia Pelosso sobreseyó a los exministros del gobierno de Omar Gutiérrez, Abel Di Luca y Germán Chapino, y suspendió el juicio a prueba por un año y medio para seis integrantes de la cooperativa.

Mauro no se sorprendió. Asegura que el fallo confirma lo que su organización viene denunciando desde el primer día: "Está claro que hay una persecución a las organizaciones y a los referentes de las organizaciones".

El dirigente habló con Radio Universidad Calf, donde repasó las cuatro audiencias en las que la fiscalía de Pablo Vignaroli intentó llevar a todos los acusados a juicio oral. Para él, la resolución desarmó el corazón de la acusación: "Quedó muy claro expuesto por la jueza que no hubo planificación, como quiso hacer valer la fiscalía".

Según su lectura, también quedó descartado que los integrantes de las organizaciones se hayan enriquecido. Afirmó que el 93% de los fondos fue a las familias y que el resto se usó para comprar materiales y herramientas para las capacitaciones. Además, remarcó que la jueza puso en duda el valor de la única testigo con la que contaba la fiscalía para sostener la elevación a juicio de todo el grupo.

Lo que queda en pie

¿Por qué la jueza mantuvo la acusación por defraudación solo en su caso? Mauro explicó que el punto pendiente es aclarar en el debate la compra de terrenos y vehículos hecha con dinero de los programas del decreto 1672/2022 de capacitaciones laborales. En la radio se indicó que el planteo restante se vincula con la adquisición de una camioneta para la organización.

"En la mayoría de los casos, la fiscalía acusaba en generalidades. Eso es lo único que quedó", dijo, y atribuyó la caída del resto de los cargos a la falta de pruebas.

El contexto político

Mauro vinculó su situación con el momento en que arrancó la causa, hace cerca de tres años, en los inicios de la gestión de Rolando Figueroa. "Lo que buscaban era acallar a los que luchamos", afirmó, y habló de la intención de "dar un escarmiento a los referentes sociales para que la sociedad entienda quién pone orden".

"Si uno lee los diarios y vuelve a esa época, está bien claro que mi nombre, mi persona, era lo más importante que podía pasar en esos tiempos", señaló. Y apuntó contra la instrucción: "Mi nombre aparece en todas las hojas". También calificó como "muy tendenciosas" las entrevistas realizadas a la expresidenta de la cooperativa.

Sobre el sobreseimiento de Di Luca y Chapino, consideró que fue el punto más sencillo de resolver. Según su análisis, no existió ninguna orden ni comunicación del gobierno provincial ni de la Contaduría General para que los exfuncionarios actuaran como sostenía la acusación: solo cumplieron con el decreto firmado por Gutiérrez, que establecía pagar los fondos a partir de la presentación de los listados. "La fiscalía no pudo probar nada de todo esto que imputó a los funcionarios", sostuvo.

Apelaciones y sin fecha

La fiscalía ya anunció que apelará la resolución, y Mauro adelantó que su defensa también recurrirá el punto que lo mantiene imputado. Por eso no hay fecha prevista para un eventual juicio. Los abogados esperan novedades sobre los plazos de impugnación la semana próxima. Es una causa compleja y pueden ser 10 días hábiles.

"Es muy importante que la sociedad sepa estas cosas, porque desde el poder siempre se nos pone como si los que luchamos fuéramos el mal del país", cerró. Y concluyó: "Nosotros ya estábamos muy tranquilos. Seguimos laburando en el mismo lugar donde estábamos".