Custodia policial para diputados: Amarilla exige saber quiénes la tienen y cuánto cuesta

El diputado provincial Ramón Amarilla pidió este jueves en la sesión de la Legislatura que el Poder Ejecutivo y la Policía de Misiones informen si hay legisladores con custodia policial personal, bajo qué criterios se otorga y qué costo representa para el Estado.

El reclamo del legislador se da en un contexto de debate ya abierto en la Cámara: en la sesión anterior, el bloque Movimiento por lo que Viene había cuestionado la existencia de espacios restringidos dentro del edificio y exigido más transparencia sobre el acceso a ciertos sectores.

Qué quiere saber Amarilla

Ahora, el foco está puesto en el uso de recursos de la Policía de Misiones para proteger a los legisladores. Amarilla quiere conocer cuántos efectivos, vehículos y recursos públicos podrían estar afectados a esas tareas.

El diputado fue tajante al aclarar que su pedido no apunta contra ningún colega en particular. “Quiero aclarar algo antes de que alguien piense mal. Esto no es una acusación ni estoy diciendo que haya algo raro”, señaló.

En esa línea, reconoció que puede haber diputados que necesiten protección por una amenaza concreta y que, en esos casos, la custodia estaría plenamente justificada. Pero insistió en que el punto central es saber cómo se toman esas decisiones cuando hay dinero público de por medio.

“Lo que pedimos es simplemente poder saberlo porque estamos hablando de plata pública, de policías que podrían estar haciendo otra tarea, de patrulleros, de combustible y, de hecho, la gente tiene derecho a estar informada”, afirmó.

Amarilla también remarcó que el pedido de información no busca exponer datos que comprometan la seguridad de los legisladores o de los efectivos. “Si hay datos que por seguridad no se pueden hacer públicos, por ejemplo, detalles que pongan en riesgo a la persona custodiada o a los policías, nosotros no estamos pidiendo que se comunique eso”, explicó.

El impacto en la seguridad de todos

En el tramo final de su intervención, el legislador planteó que el análisis debe contemplar el efecto que la asignación de efectivos y móviles a la custodia de un legislador puede tener sobre la seguridad del resto de la población.

“Se están usando policías, autos y plata pública para cuidar a un legislador; la gente tiene derecho a saber que eso se hace con criterios claros y no de cualquier manera”, afirmó.

De esta manera, el planteo de Amarilla volvió a poner bajo la lupa el uso de recursos públicos vinculados a la seguridad de funcionarios y legisladores, en continuidad con el debate abierto en la sesión anterior sobre las restricciones dentro de la Cámara de Representantes y el reclamo de mayor transparencia por parte de sectores de la oposición.