Cubrieron las cámaras con bolsas de basura, pero alguien las retiraba de noche: el pulso de una universidad con el ICE

Una investigación basada en registros públicos destapó cómo el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) accedió a los datos capturados por cámaras de vigilancia en universidades de Illinois. El caso encendió las alarmas en los campus y derivó en un conflicto insólito entre una casa de estudios y la empresa dueña de los dispositivos.

Qué encontraron los documentos

El investigador Torin Monahan y la radio WBEZ obtuvieron documentos que muestran decenas de consultas de agencias migratorias a las bases de datos de Flock Safety, la firma que provee las cámaras. Según el Chicago Sun Times, entre las instituciones afectadas aparecen Joliet Junior College, la Universidad de Illinois en Chicago y la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign.

Los equipos funcionan con lectores automáticos de matrículas e inteligencia artificial: registran la chapa, el modelo y otras características de cada vehículo que pasa por los accesos a los campus, y almacenan las imágenes.

La Secretaría de Estado de Illinois concluyó que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) consultó los registros de Flock en el estado violando las leyes locales. Las agencias federales rastrearon datos vehiculares en campus con alta proporción de estudiantes latinos.

La detención que marcó el clima

En Elgin Community College, agentes del ICE detuvieron a un estudiante en el estacionamiento durante septiembre de 2025. El episodio sembró temor entre los alumnos y, según las autoridades de la institución, coincidió con una caída en las inscripciones.

A fines de ese año, la presidenta del colegio, Peggy Heinrich, ordenó una auditoría interna sobre los datos de la universidad. La revisión no detectó accesos directos de agentes federales en ese campus, pero la administración decidió igual desprenderse de los seis dispositivos.

La pelea por las cámaras

En octubre de 2025, Elgin notificó a Flock Safety su intención de cancelar el contrato y pidió el retiro inmediato de los equipos. La empresa rechazó la solicitud al día siguiente: argumentó que no existía ningún incumplimiento contractual que justificara una retirada anticipada.

Los funcionarios volvieron a la carga en diciembre de 2025. Ofrecieron pagar los cinco meses que restaban del contrato si la compañía desmontaba los aparatos. Tampoco hubo caso.

Entonces el personal del campus pasó a la acción directa: cubrió las cámaras con bolsas de basura negras y precintos de plástico. Según Heinrich, trabajadores que circulaban en vehículos sin identificación —y que a su juicio pertenecían a Flock Safety— retiraban las bolsas una y otra vez. Se armó un ciclo de tapar y destapar que se extendió durante meses.

El conflicto se destrabó recién en abril de 2026, cuando venció el contrato y la empresa finalmente desmontó los equipos.

Qué dice la empresa

Flock Safety sostuvo después que las agencias federales, incluido el ICE, ya no pueden acceder a los datos locales sin autorización de las fuerzas de seguridad correspondientes. Para los expertos, sin embargo, la firma mantiene un incentivo financiero evidente: cuantas más cámaras sigan activas, mejor para su negocio.