Cuatro reuniones, ningún acuerdo y una ley provincial que sigue sin aplicarse en Rosario. ¿Qué pasó en el Concejo para que el propio autor de la norma saliera a cruzar a un concejal?
El Concejo Municipal de Rosario volvió a postergar cualquier definición sobre la prohibición de los cuidacoches y el tema escaló a un cruce político abierto. Tres comisiones se reunieron este miércoles y, lejos de cerrar acuerdos, fijaron un nuevo encuentro para la semana próxima. La demora desató la reacción del senador provincial Ciro Seisas, autor de la ley que el municipio debe adherir.
El análisis del proyecto enviado por el intendente Pablo Javkin para adherir a la ley provincial Nº 14.486 pasó por las comisiones de Obras Públicas, Gobierno y Control, Convivencia y Seguridad Ciudadana. La norma apunta a incorporar al Código de Convivencia local la prohibición de ofrecer espacios de estacionamiento o de hacer tareas de guarda, cuidado, lavado y limpieza de vehículos en la vía pública a cambio de dinero u otros beneficios.
Las modificaciones que puso sobre la mesa Prence
La concejala Sabrina Prence presentó una batería de cambios al texto original con la idea de reforzar el abordaje social del problema. Entre sus propuestas figuran un protocolo de actuación, un registro de antecedentes para los casos de reincidencia, canales de denuncia por el 911, el 147 y Munibot, campañas de difusión y una coordinación más aceitada con la Provincia para las intervenciones policiales.
La edila también planteó que las multas no deberían recaer sobre quienes ejercen la actividad y no tienen recursos para pagarlas, aunque sí sobre las personas con capacidad económica para afrontarlas. Sumó, además, medidas de acompañamiento, capacitación e inserción laboral, con especial atención a quienes están en situación de calle. Según explicó, la intención fue reunir los aportes de los distintos bloques para que las modificaciones no quedaran identificadas como una iniciativa propia.
Los tres ejes que reclama Fiatti
Desde Unidos por Rosario, Fabrizio Fiatti pidió tener el documento en mano para seguir con el análisis y repitió los tres puntos que considera centrales para avanzar: establecer la prohibición, definir cómo se aplicarán las sanciones a nivel local y garantizar un abordaje social. El concejal también consideró que el artículo sobre el régimen de excepciones no es una prioridad en esta instancia.
Durante el intercambio hubo coincidencias entre distintos sectores sobre la necesidad de sumar a las organizaciones sociales que ya trabajan con las personas que desarrollan la actividad y de impulsar programas de capacitación en oficios, acompañamiento e inserción laboral. Aun así, la discusión no alcanzó para cerrar acuerdos sobre los mecanismos de implementación. Las comisiones volverán a reunirse el próximo miércoles.
La reacción de Seisas y su crítica a Aleart
La falta de avances motivó una dura reacción de Ciro Seisas, senador provincial por el departamento Rosario y autor de la ley. En una publicación en X, el legislador sostuvo que la reunión no permitió avanzar y cuestionó que se sumen otros quince días de demora para aplicar una normativa que ya fue sancionada. También enumeró cuatro encuentros del Concejo vinculados con el tema, realizados el 1º y el 24 de abril, el 1º de octubre y este 11 de noviembre.
En el mismo mensaje apuntó directamente contra Juan Pedro Aleart, concejal de La Libertad Avanza, al afirmar que estuvo ausente en las cuatro reuniones y cuestionar su desempeño legislativo. "El concejal Aleart estuvo ausente en todas. No trabaja", escribió.
El senador también respaldó la necesidad de avanzar con cifras sobre la problemática: aseguró que durante el primer semestre se registraron 3.453 denuncias al 911 por situaciones vinculadas con cuidacoches y que las personas identificadas pasaron de 754 en 2025 a 1.395 hasta septiembre de este año, un incremento del 85%.
Qué dice la ley y qué falta para aplicarla
La ley provincial Nº 14.486, promulgada en octubre por el gobernador Maximiliano Pullaro, incorporó al Código de Convivencia sanciones específicas para la actividad: trabajo comunitario, arresto en casos de reincidencia y penas agravadas cuando existen amenazas, violencia u organización. Para que el nuevo régimen se aplique, los municipios deben adherir mediante ordenanzas locales.
En Rosario, el Ejecutivo sostiene que esa aprobación también permitirá formalizar un convenio con la Provincia y coordinar operativos entre agentes municipales y efectivos policiales. El oficialismo pretende conseguir la adhesión antes de fin de año, aunque el tratamiento legislativo sigue atravesado por diferencias sobre las sanciones, las excepciones y el alcance de las políticas de inclusión social.
