Cuatro policías de Roca, condenados por lo que hicieron con dos adolescentes en una plaza
Dos adolescentes estaban en una plaza de Alta Barda cuando llegó una camioneta policial. Lo que hicieron esos cuatro efectivos terminó en condena, pero las penas no incluyen un solo día tras las rejas.
La justicia de Río Negro declaró culpables a cuatro policías de Roca por los abusos cometidos contra dos adolescentes en una plaza del barrio Alta Barda y les impuso penas de prisión en suspenso, tal como habían pedido las defensas pública y particular.
El Tribunal, integrado por los jueces Oscar Gatti, Emilio Stadler y Verónica Rodríguez, fijó tres años de ejecución condicional para el efectivo señalado como autor de privación ilegítima de la libertad con abuso de su función, vejaciones y amenazas con armas.
Para los otros tres policías, considerados partícipes necesarios, las condenas quedaron entre los 24 y los 30 meses de prisión en suspenso.
Qué pasó en el playón de Alta Barda
Según las actuaciones judiciales, el episodio ocurrió entre las 2:05 y las 4:30 de la madrugada del 15 de junio de 2024. En ese lapso, los acusados —que cumplían funciones para la Comisaría 47° de J.J. Gómez a bordo de una camioneta patrullera— llegaron al playón deportivo de Alta Barda y desplegaron una serie de conductas agresivas contra dos jóvenes que estaban en el lugar.
El fallo ratificó que «quedó demostrado que fue el funcionario policial –declarado autor– quien llevó a cabo todas las conductas agresivas contra las víctimas, como así también quien les profirió las amenazas con arma ya descriptas».
La estrategia de las defensas y el cambio de calificación
En el debate oral, la defensa consiguió modificar la acusación inicial del Ministerio Público Fiscal y morigerar las pretensiones punitivas, que apuntaban a prisión efectiva.
«Durante el debate solicitamos que se modifique la calificación legal que había propuesto la fiscalía y por la cual habíamos arribado a juicio, cuestión que fue admitida por el Tribunal. Y luego, en la cesura insistimos que las penas de la Fiscalía eran elevadas», explicó la defensora penal pública Flavia Rojas.
Rojas remarcó que, en el caso de su asistida, la acusación original «no ponderaba la historia personal ni los testimonios que la definen como una persona pacífica». También sostuvo que durante el hecho «ambas mujeres reclamaron a quien fue declarado como autor que cesara en su accionar contra los adolescentes».
El defensor particular Juan Pablo Chirinos, por su parte, afirmó que «no existían elementos para justificar el encierro efectivo, destacando la situación familiar y los roles de cuidado» de su representado.
Con esta resolución, el tribunal dio por cerrado el juzgamiento de la conducta de los efectivos y concedió la libertad condicional, sujeta al cumplimiento de las pautas de conducta fijadas por la ley.
