Cuatro policías de Roca, a un paso del veredicto: qué pidió la Fiscalía y qué respondieron las defensas

El juicio contra cuatro empleados policiales de General Roca por delitos cometidos contra adolescentes entró en su etapa final. La Fiscalía reclamó que los cuatro sean declarados responsables penales, con distintos grados de participación, mientras que las defensas pidieron la absolución de todos.

La acusación incluye torturas, lesiones leves calificadas por el carácter de funcionario policial, privación ilegal de la libertad con abuso de función y amenazas con arma. Según el planteo fiscal, uno de los policías debe responder como autor, mientras que las dos mujeres y el otro hombre señalados en el juicio deben ser considerados partícipes necesarios.

El Tribunal Colegiado dará a conocer su resolución el jueves 24 de septiembre, a las 11, en los Tribunales de General Roca.

El fiscal apuntó a un "pacto" entre los acusados

Durante los alegatos, el fiscal Britos Rubiolo sostuvo que a lo largo del proceso se intentó generar confusión sobre quién tuvo intervención directa en los hechos. «Se ha mantenido un pacto para crear confusión sobre quién fue el autor», afirmó.

En ese marco, señaló que los propios empleados policiales concurrieron a las oficinas del Siarme para solicitar la documentación vinculada con la atención recibida por los adolescentes después del episodio y que también participaron de acciones destinadas, según la Fiscalía, a modificar la versión de lo sucedido. El representante del Ministerio Público sostuvo además que se produjo una reunión reservada entre los involucrados y planteó que esas conductas posteriores debían ser consideradas al valorar la prueba.

“Los cuatro empleados policiales realizaron todas estas acciones siendo ellos el propio aparato policial, estatal que debía protegerlos y no amenazarlos ni torturarlos”, afirmó Britos Rubiolo. El fiscal pidió además que el análisis del caso se realice desde el marco de protección de los derechos de niños y adolescentes.

Cámaras Gesell y las contradicciones sobre la escopeta

Uno de los ejes del alegato fiscal fueron las declaraciones realizadas por los adolescentes en Cámara Gesell. Britos Rubiolo sostuvo que esos testimonios fueron coincidentes con otras evidencias incorporadas durante el debate, incluidos los relatos de testigos directos e indirectos y de trabajadoras del SIARME.

La Fiscalía marcó, en cambio, diferencias entre esas pruebas y las versiones aportadas por otros integrantes de la fuerza que no fueron imputados, especialmente sobre el uso de una escopeta durante el procedimiento. “Algunos dijeron que se utilizaba de manera prevencional de noche, otros que era para tumultos concretos, otros que alguno de ellos estaban autorizados para utilizarla”, describió el fiscal.

Según planteó, esas diferencias también aparecieron en torno a la forma de registrar el uso de determinadas armas en los partes diarios. Para la acusación, las contradicciones buscaron dificultar la determinación de responsabilidades. “Todo esto demuestra que no hay coincidencia en la manera de usar el arma de la cual salió el perdigón que impactó en el cuerpo de uno de los adolescentes heridos”, sostuvo Rubiolo.

El perdigón y las lesiones que la Fiscalía considera intencionales

El fiscal explicó que la familia de uno de los adolescentes entregó de manera privada el perdigón que había sido extraído de su cuerpo. También incorporó el testimonio del Siarme, que acudió al domicilio después de un llamado familiar y, según la Fiscalía, constató que en ese momento no había presencia policial.

“Fue esta familia que se comunicó directamente con la fiscalía de turno y que realizó la denuncia penal al día siguiente del hecho”, agregó Rubiolo. Respecto del proyectil hallado en el muslo de uno de los adolescentes, sostuvo que la pericia permitió vincularlo con la escopeta. Según explicó, se trató de un disparo por rebote, con una trayectoria de abajo hacia arriba después de impactar contra el suelo.

La Fiscalía también sostuvo que los cortes que presentaban los adolescentes fueron provocados de manera intencional. “Los cortes en el cuerpo de los chicos han sido producidos de manera dolosa, fueron concretados de manera expresa”, afirmó el fiscal.

La defensa de una de las acusadas habló de violencia institucional

La defensora penal pública Flavia Rojas cuestionó la interpretación de la Fiscalía y sostuvo que su asistida no colaboró con la conducta atribuida al resto. “Le pedía enérgicamente a su compañero que cese en su accionar”, afirmó.

Rojas planteó además que la mujer se encontraba en una situación de desigualdad frente a su superior jerárquico. “Este hombre estaba ejerciendo violencia psíquica, física e institucional”, sostuvo, y pidió que el caso fuera analizado con perspectiva de género. Según la defensora, su asistida era una mujer subordinada frente a un superior varón, armado y con autoridad dentro de la fuerza. También señaló que no se probó que hubiera querido colaborar con lo ocurrido y pidió su absolución.

La defensa particular de la otra empleada policial también solicitó la absolución, invocando el beneficio de la duda.

El otro acusado: la duración del operativo y quién bajó con la escopeta

El defensor penal público Juan Pablo Chirinos centró su alegato en la duración del operativo y en la participación concreta que, según sostuvo, tuvo su asistido. “Recortar la extensión del hecho, que a lo sumo son 30 minutos, hay que contabilizar la salida desde la comisaría hasta el playón”, planteó.

Chirinos sostuvo además que el operativo fue breve y remarcó que su asistido no fue quien descendió del patrullero con la escopeta. A partir de esa interpretación, pidió la absolución. El otro defensor particular coincidió con ese planteo y también reclamó la absolución de su representado.

El veredicto, el 24 de septiembre

Con los alegatos de la Fiscalía, las querellas y las defensas, quedó cerrada esta etapa del juicio. Ahora, el Tribunal Colegiado deberá valorar los testimonios, las pericias y el resto de la evidencia producida durante el debate.

La resolución sobre la responsabilidad penal de los cuatro empleados policiales se conocerá el jueves 24 de septiembre, a las 11, en los Tribunales de General Roca.