Cuatro muertes en la ruta 39: la decisión que puede cambiarle la pena a Ruiz Orrico

La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos analiza este miércoles la impugnación presentada por la defensa de Juan Enrique Ruiz Orrico, condenado a cinco años y ocho meses de prisión por la muerte de cuatro trabajadores en un choque ocurrido en 2024 sobre la ruta provincial 39.

El tribunal, integrado por Claudia Mizawak, Miguel Ángel Giorgio y Daniel Carubia, debe resolver si confirma la pena o la modifica. Ruiz Orrico no está presente en la sala, según pudo confirmar Elonce.

La defensa del exfuncionario está a cargo de los abogados Leopoldo Lambruschini y Félix Pérez. Las querellas y el Ministerio Público Fiscal también exponen sus argumentos en la audiencia.

Qué se discute y qué no

El abogado querellante Mario Arcusin, que representa a familiares de las víctimas, explicó a Elonce que en esta instancia no se revisa la culpabilidad de Ruiz Orrico. El planteo de la defensa apunta a la graduación de la condena.

“Esta audiencia tiene esa finalidad: determinar si los cinco años y ocho meses constituyen la pena adecuada. La defensa considera que el máximo debería quedar limitado para hechos de mayor gravedad”, indicó Arcusin.

El letrado sostuvo que la pena no debe surgir de un cálculo basado únicamente en la cantidad de víctimas. Para la querella, los jueces deben evaluar las circunstancias concretas del hecho.

“Entendemos que está la regla de la sana crítica y que el juez decide en función de todas las cosas que ocurrieron alrededor del hecho”, manifestó.

Los agravantes que pesan en la causa

Arcusin recordó que el artículo 84 bis del Código Penal contempla distintas agravantes para los homicidios culposos cometidos al conducir un vehículo.

La querella considera que los jueces anteriores evaluaron el uso de un vehículo oficial para fines privados, la condición de funcionario público de Ruiz Orrico y la conducción bajo los efectos del alcohol.

“El artículo 84 bis tiene varias causales. Además de la negligencia, la impericia y la inobservancia, está la inobservancia de los deberes a su cargo. Como funcionario público tenía ciertos deberes que debía cumplir”, expresó el abogado.

Según Arcusin, tanto el juez de primera instancia como los magistrados que revisaron la condena tuvieron en cuenta esas circunstancias al fijar la pena.

“No tenemos que hacer cuentas”

El representante de las víctimas anticipó que su alegato se concentrará en defender el criterio que llevó a los cinco años y ocho meses de prisión efectiva.

“Mi alegato se va a referir básicamente a que no tenemos que hacer cuentas de división o multiplicación, sino establecer si para este caso la gravedad justifica la pena que se impuso”, explicó.

El abogado rechazó que la sanción deba reducirse mediante una comparación matemática entre la cantidad de fallecidos y el máximo previsto por la ley.

“No hay que pensar qué habría pasado si en vez de un auto con cuatro chicos venía un colectivo con 25 personas. Si para 25 fueran seis años, ¿cómo definimos cuánto corresponde para cuatro? Hacer una división proporcional no tiene sentido para nosotros”, agregó.

Cuándo se conocerá la decisión

Los integrantes de la Sala Penal podrán comunicar su resolución al finalizar la audiencia o fijar una fecha posterior. La decisión también podría notificarse a través del sistema de mesa virtual.

De acuerdo con Arcusin, la sentencia del Superior Tribunal agotará la instancia judicial provincial. El pronunciamiento podrá confirmar los cinco años y ocho meses o modificar el monto de la pena.

“Pueden dar la sentencia hoy, fijar otro día para comunicarla o notificarla por mesa virtual. Allí terminaría la etapa provincial y quedaría establecida la pena”, señaló.

El pedido de prisión efectiva

El querellante adelantó que, una vez dictada la resolución, solicitará el cumplimiento efectivo de la pena y la comunicación al Servicio Penitenciario para el traslado de Ruiz Orrico a una unidad penal de la provincia.

Arcusin indicó que una eventual presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación no impediría, según su interpretación, la ejecución de la sentencia provincial. Esa cuestión dependerá de lo que resuelva el tribunal y de los planteos que formule después la defensa.

“Yo pido la prisión efectiva porque la sentencia estableció prisión efectiva. Hasta ahora la defensa no planteó ninguna posibilidad de arresto domiciliario u otra modalidad”, afirmó.

La condena por el choque fatal

Ruiz Orrico fue condenado a cinco años y ocho meses de prisión por homicidio culposo agravado por el choque ocurrido el 20 de junio de 2024 en la ruta provincial 39, departamento Uruguay.

El impacto provocó la muerte de cuatro trabajadores que se trasladaban en otro vehículo: Brian y Lucas Izaguirre, Axel Rossi y Leonardo Almada. La sentencia también incluyó una inhabilitación para conducir.

La condena fue revisada antes en Casación y llegó al Superior Tribunal mediante la impugnación extraordinaria de la defensa. Ahora, la Sala Penal definirá si mantiene la pena o si corresponde modificarla.