Cuatro juzgados de Santa Cruz llevan meses sin juez y la Magistratura ya eligió a los candidatos

El Consejo de la Magistratura de Santa Cruz remitió al gobernador Claudio Vidal los órdenes de mérito de dos concursos para cubrir cuatro vacantes en juzgados penales de la provincia. La decisión llega después de meses sin titulares en Río Turbio, Puerto Deseado, Puerto Santa Cruz y Río Gallegos, y en medio de cuestionamientos por la transparencia del proceso.

El presidente del organismo, el vocal del Tribunal Superior de Justicia Daniel Mariani, envió las nóminas al Poder Ejecutivo para que Vidal defina qué nombres propondrá a la Cámara de Diputados. En el Concurso Múltiple N° 115 se remitieron los cinco primeros puestos para cubrir tres cargos, mientras que en el Concurso N° 117 se elevó una terna para una sola vacante.

Los nombres que quedaron mejor posicionados

El Concurso 115 fue convocado para cubrir tres cargos de juez de Primera Instancia del Juzgado de Instrucción Penal y Penal Juvenil N° 1, con asiento en Río Turbio, Puerto Deseado y Puerto Santa Cruz. El orden de mérito final ubicó en los primeros cinco lugares a María Nelia Rubini (75,49 puntos), Pamela Belén Quindós (68,26), Débora Soledad González (68,01), Anabella Gisel Dionisio Arellano (62,75) y Luis Héctor Aballay (60,93).

Por debajo de la lista elevada al Poder Ejecutivo quedaron Fernando Miguel Soto (60,23), Ezequiel Marcelo García (54,26), Gustavo Rubén Insaurralde (46,23) y Leandro Fabián Ruggeri (44,68). El concurso había arrancado con 22 aspirantes habilitados, según la nómina publicada por el Consejo de la Magistratura.

El Concurso 117, en tanto, fue convocado para cubrir un único cargo: el de juez o jueza de Primera Instancia del Juzgado de Instrucción Penal N° 1 de Río Gallegos. Al tratarse de un concurso simple, la lista remitida al Poder Ejecutivo quedó integrada por los tres primeros del orden de mérito: María Soledad Díaz Román (75,63 puntos), María Nelia Rubini (67,52) y Elsa Haydee Pastori (63,99).

Las vacantes que quedaron sin titular

La vacante de Río Gallegos se abrió con la salida de la jueza Marcela del Valle Quintana. El Poder Ejecutivo aceptó su renuncia mediante el Decreto N° 0224/2026, firmado el 18 de marzo de 2026, cuando la magistrada dejó el cargo para acogerse a la jubilación ordinaria. Quintana había sido designada titular del Juzgado en 2010 y tuvo a su cargo causas de relevancia pública. En septiembre de 2025 notificó a la Legislatura una medida cautelar que ordenaba suspender por diez días el tratamiento de las ternas de nuevos vocales del Tribunal Superior de Justicia.

En Río Turbio, la vacante se originó con la jubilación de Bettina Rita Guadalupe Bustos, quien estaba al frente del Juzgado Provincial N° 1 de Instrucción y Penal Juvenil. El Decreto N° 0439, firmado el 16 de mayo de 2025, aceptó su renuncia a partir del 1 de agosto de ese año. Bustos había sido designada en 2005 y su salida estuvo precedida por cuestionamientos: en diciembre de 2024, el gremio Judiciales había pedido al TSJ un jury por su intervención en el operativo "Empleado infiel", que incluyó el secuestro de armas sustraídas de un depósito judicial.

La vacante de Puerto Deseado se produjo tras la jubilación de Oldemar Antonio Villa, quien estuvo unos 18 años al frente del Juzgado de Instrucción Penal y Penal Juvenil N° 1. El Decreto N° 0504, firmado el 9 de junio de 2025, aceptó su renuncia desde el 1 de julio de ese año. La subrogancia fue asumida por la jueza civil Jésica Hernández.

La tercera vacante corresponde al Juzgado de Instrucción Penal y Penal Juvenil N° 1 de Puerto Santa Cruz, que durante años estuvo a cargo de Noelia Romina Ursino. La magistrada presentó su renuncia en 2025, cuando atravesaba un proceso de jury y había sido suspendida preventivamente. El gobernador Vidal aceptó la renuncia mediante el Decreto N° 763, con efectos desde el 4 de septiembre de 2025.

Los cuestionamientos que rodean el proceso

El abogado Javier Stoessel presentó una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia en la que pidió acceder a las actuaciones del Concurso Múltiple N° 115 y reclamó el control de legalidad de determinadas etapas. Entre sus planteos cuestionó el acceso al expediente y a las actas, el desarrollo de las entrevistas, la fundamentación de las decisiones y la posibilidad de conocer qué puntaje otorgó cada integrante del Consejo de la Magistratura. También denunció que el orden de mérito habría circulado antes de su notificación oficial.

El Colegio Público de Abogados de Santa Cruz también realizó observaciones. Su presidenta, Diana Huerga Cuervo, explicó en radio LU12 AM680 que la entidad pidió información al TSJ sobre las actuaciones administrativas y disciplinarias relacionadas con las armas que estaban bajo custodia del juzgado de Río Turbio. El reclamo tomó nueva relevancia cuando advirtieron que Anabella Gisel Dionisio Arellano, secretaria penal durante la gestión de Bustos, quedó entre los cinco primeros del Concurso 115.

"También tuvimos un reclamo de un matriculado postulante que hizo, impugnó el concurso y nos remitió la impugnación y pidió el acompañamiento del Colegio", relató Huerga Cuervo. Entre los planteos del postulante figuraba la falta de acceso pleno a determinadas actuaciones, a su evaluación psicológica y a los exámenes de otros concursantes.

Con los órdenes de mérito ya en manos del Ejecutivo, ahora será Vidal quien defina los nombres que propondrá a la Cámara de Diputados. Los cuatro juzgados siguen a la espera de una designación definitiva, mientras los planteos realizados durante el concurso deberán resolverse en las instancias correspondientes.