Cuatro ex militares quisieron zafar de la Justicia, pero la Cámara de Paraná les cerró la puerta
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Cuatro ex militares quisieron zafar de la Justicia, pero la Cámara de Paraná les cerró la puerta

Cuatro ex militares apostaron a que la Cámara de Apelaciones de Paraná les diera la razón y les cayera la causa por prescripción. La respuesta del tribunal, y el detalle que la multisectorial de Concordia celebró, cambiaron el escenario.

La multisectorial de derechos humanos de Concordia celebró la decisión de la Cámara de Apelaciones de Paraná que rechazó los recursos presentados por cuatro ex integrantes del Ejército y confirmó que los hechos que se les imputan constituyen delitos de lesa humanidad, por lo tanto imprescriptibles.

"Confirma que el hecho imputado de asociación ilícita, tormento contra ciudadanos y ciudadanas de nacionalidad uruguaya en el marco del plan Cóndor y el encubrimiento del homicidio de Jorge Papetti, constituyen delitos de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptible", señalaron desde la organización en un comunicado.

Qué dicen los procesamientos

Las causas alcanzan a cuatro ex militares. Alemán y Echeverría están procesados por asociación ilícita, privación ilegal de la libertad, tormentos a ciudadanos uruguayos, abuso deshonesto agravado y encubrimiento del homicidio de Jorge Emilio Papetti.

Galeano, en tanto, fue procesado como coautor de asociación ilícita y por el encubrimiento del homicidio de Papetti. Goris enfrenta procesamientos por asociación ilícita, privación ilegal de la libertad y tormentos contra Papetti, además del encubrimiento de su muerte.

El Plan Cóndor y el caso Papetti

Uno de los ejes de la causa es el secuestro y las torturas —incluyendo abuso sexual— que sufrieron ciudadanos uruguayos en julio de 1977 en Concordia, antes de ser trasladados de manera clandestina a su país, en el marco del Plan Cóndor.

El otro eje es la muerte y el encubrimiento de Jorge Emilio Papetti, un conscripto detenido en marzo de 1977, torturado en el Regimiento y muerto por tormentos en la Unidad Penal N°1 de Paraná. Según la causa, los acusados montaron un falso operativo de fuga para encubrir el crimen, y el cuerpo permanece desaparecido.

El cartel y la memoria

Para la multisectorial, el fallo vuelve a poner en relieve la importancia del cartel que señaliza al Regimiento como Centro Clandestino de Detención y Tortura durante la última dictadura cívico-militar, y como sitio de la Memoria. Consideran que esa señalización debe "asegurar la transmisión de los hechos históricos a las nuevas generaciones y revele la verdad del genocidio, aquella verdad objetivamente probada por el Poder Judicial que garantiza la Justicia y un pacto básico de convivencia al condenar aquellos delitos que ofenden a todos los seres humanos".

El comunicado también apunta contra declaraciones negacionistas de representantes del pueblo. Sin nombrarlo, menciona el caso de un concejal que puso en cuestión la verdad histórica de los delitos y que, según la organización, no fue cuestionado por referentes del oficialismo. "Solo con Memoria Verdad y Justicia es posible construir una sociedad democrática y un futuro de paz y esperanza", sostienen.

Alerta por la Guardia urbana

Más allá del fallo, la multisectorial expresó su preocupación y rechazó "de modo decidido" cualquier modificación de la normativa vigente —que consideran "a todas luces legalmente cuestionable"— que habilite el uso coercitivo y represivo de armas letales o menos letales por parte de la Guardia de seguridad urbana municipal contra los vecinos de Concordia. Esas armas, advierten, ponen en riesgo la vida o funciones vitales.

El organismo recordó que esa Guardia fue creada con fines de prevención, persuasión y auxilio de la autoridad policial provincial, y no para la represión.

"Apelamos a que los concejales y el Intendente municipal desalienten estas medidas represivas y concentren sus esfuerzos y su creatividad en generar políticas que efectivamente garanticen los derechos humanos y sociales de todas las personas, especialmente en este momento histórico, social y político crítico, donde esos derechos fundamentales están siendo particular y profundamente vulnerados", puntualizaron.

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