Cuatro años y medio preso por un bloqueo: el fallo que lo dejó libre y enfureció a la empresa

El Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de San Nicolás absolvió este martes a Maximiliano Cabaleyro, exconcejal de San Nicolás y referente de Camioneros, y a otras seis personas acusadas por el bloqueo a la empresa Rey Distribución de San Pedro. Los jueces consideraron que los hechos imputados "no están acreditados" y ordenaron la libertad inmediata del sindicalista, que llegó al debate detenido con prisión preventiva desde hacía cuatro años y medio.

La decisión alcanzó a todos los imputados que se sentaron en el banquillo: Cabaleyro, Edgardo Di Mayo, Carlos Julián Ojeda, Enzo Ivo Ojeda, Maximiliano Daniel Pérez, Lucas José Torrez y Matías Agustín Torrez. Las fiscales del juicio, María del Valle Viviani y Verónica Marcantonio, habían pedido una pena de diez años de prisión contra el dirigente gremial.

Qué se les imputaba

La causa se originó en febrero de 2021, cuando Camioneros colocó un micro frente al acceso de Rey Distribución e impidió el ingreso y egreso de vehículos. A Cabaleyro se lo acusó de extorsión y de pedir coimas a la empresa para permitirle trabajar; junto al resto de los imputados, también se le atribuyó "turbación de la posesión", es decir, haber bloqueado la planta.

El Tribunal consideró que tampoco quedó probado que los acusados hayan impedido trabajar a la firma durante los días de protesta. El veredicto ya se conoció, pero los fundamentos aún no fueron dados a conocer: serán clave para analizar el razonamiento de los jueces del TOC2, presidido por Alejandro López.

Fernando Espíndola, dirigente de Camioneros en San Pedro, resolvió su situación por la vía del juicio abreviado y por eso no formó parte del debate oral.

Las reacciones tras el fallo

"Estamos todos muy contentos, se hizo justicia. Sabíamos que no habíamos hecho nada por fuera de la ley, estábamos reclamando lo que nos correspondía", dijo Edgardo Di Mayo, uno de los absueltos, a LA NOTICIA 1 tras escuchar el veredicto.

El abogado defensor Mauricio Gugger se mostró "contento por el trabajo, feliz" y puso el acento en la jerarquía constitucional del derecho a huelga, que "debe mantenerse incólume para ratificar que vivimos en un estado de derecho". Además, anticipó que podrían venir denuncias por "falso testimonio", porque "acá hubo una persona cuatro años y medio detenida". También confirmó que Cabaleyro dará una conferencia de prensa esta tarde en San Pedro, cerca de las 18.

Del otro lado, el empresario Gustavo Rey no ocultó su malestar: "No era lo que esperábamos, obviamente. Pero tenemos fe de que la verdad va a triunfar". El titular de Rey Distribución confirmó que apelarán el fallo y relativizó el alcance de la decisión: "Esto no es la definición del partido, quedan dos instancias más, todavía". Y agregó: "Con este veredicto queda demostrado que se puede hacer cualquier cosa".

Cómo se armó la causa

El bloqueo en la planta de San Pedro se produjo en plena pandemia, en febrero de 2021. La entonces fiscal de San Pedro, María del Valle Viviani, se presentó en persona en el lugar y le pidió a Cabaleyro que retirara el vehículo que obstruía el acceso, lo que permitió que la empresa retomara sus tareas.

Meses después, la investigación avanzó con un allanamiento a la sede del Sindicato de Camioneros de San Nicolás. Viviani había reunido testimonios y otras pruebas a partir de la denuncia de Rey Distribución. En ese momento, Cabaleyro —entonces concejal del Frente de Todos y referente regional del gremio— aparecía junto a Espíndola entre los principales denunciados.

El expediente tuvo su pico de repercusión en abril de 2022, cuando ambos dirigentes fueron detenidos e indagados. La fiscal había pedido la prisión preventiva y la jueza de Garantías María Eugenia Maiztegui intervino en las decisiones sobre la situación procesal de los acusados.

La causa también derivó en una fuerte disputa pública. La abogada Florencia Arietto, representante del particular damnificado, tuvo un papel activo en la denuncia contra dirigentes del gremio y en 2022 denunció públicamente presuntas presiones sobre integrantes del Poder Judicial que intervenían en el expediente.

Pese a los planteos de las defensas, la causa siguió avanzando: en marzo de 2023 Viviani pidió la elevación a juicio. Cabaleyro continuó detenido y después accedió al arresto domiciliario con monitoreo electrónico, hasta que el debate oral terminó con la absolución de todos los imputados y su libertad inmediata.