Cuando el agresor es el padre: quién investiga y quién protege a un chico en San Juan

El testimonio de Valentín Yankelevich, el hijo de Romina Yan que contó haber sufrido golpes y maltrato psicológico durante su infancia de parte de su padre, Darío Giordano, instaló una pregunta incómoda: qué ocurre cuando el agresor es justamente el adulto que debería cuidar al chico. Los hechos que relató el piloto de automovilismo ocurrieron fuera de San Juan, pero sirven para entender cómo responde el Estado provincial ante casos de características similares.

La violencia intrafamiliar no suele hacerse visible de un día para otro. Puede pasar años escondida entre las paredes de una casa, bajo la autoridad de alguien que, en lugar de amparar al menor, se transforma en su principal fuente de miedo. Frente a eso, la Justicia sanjuanina tiene dos puertas de entrada que funcionan en paralelo, aunque con objetivos distintos.

Dos fueros, dos misiones

Consultadas por este medio, fuentes del sistema judicial explicaron que una denuncia por violencia contra un niño dentro de su familia puede activar actuaciones en el fuero penal y en el fuero de Familia al mismo tiempo. No compiten: uno no reemplaza al otro.

El camino penal apunta a establecer si hubo un delito, cómo se produjo la agresión y qué responsabilidad le cabe a la persona denunciada. En San Juan, cuando los hechos denunciados pueden constituir un delito cometido en el ámbito familiar, interviene el Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género (CAVIG).

La Unidad Fiscal de Investigación recibe la denuncia, toma las entrevistas y deriva el caso con el respaldo de un equipo multidisciplinario del Ministerio Público Fiscal. Si se denuncia, por ejemplo, que un padre golpeó a su hijo y le causó lesiones, la investigación deberá reunir pruebas sobre qué pasó, qué gravedad tuvieron esas lesiones y en qué circunstancias se dieron.

La calificación legal depende de los hechos y de la evidencia que se acumule. Si se acreditan los presupuestos que exige la ley, la conducta podría encuadrar en lesiones agravadas por el vínculo. La fiscalía debe impulsar las medidas investigativas, juntar pruebas y evaluar las decisiones procesales que prevé la normativa.

El otro carril: proteger al chico

La Justicia de Familia, en cambio, tiene otra tarea: evaluar la situación del menor, el contexto en el que vive y qué medidas hacen falta para resguardar su integridad y cortar con la violencia. En ese fuero suele intervenir la Unidad de Violencia Doméstica, que se ocupa de analizar el escenario familiar y adoptar medidas de protección, sin investigar el delito.

El Código Procesal de Familia de San Juan regula el procedimiento de violencia familiar y prevé la intervención judicial cuando está comprometida la integridad de un niño. Entre las herramientas disponibles aparecen las que buscan impedir nuevos episodios, restringir el acercamiento del presunto agresor o disponer una guarda protectoria provisoria cuando resulta necesaria para resguardarlo.

Los magistrados también deben ponderar si el chico sigue expuesto a la persona denunciada, si hay otros menores en riesgo y qué condiciones garantizan su seguridad. En este terreno manda el interés superior del niño: las decisiones tienen que contemplar su edad, su situación particular, su integridad física y emocional, y evitar que termine atrapado en un conflicto de intereses entre los adultos que lo cuidan.

La figura que representa al chico

En estos procesos hay un actor cuya intervención es determinante: el asesor de menores e incapaces, integrante de la Asesoría Oficial. No investiga delitos ni reemplaza al fiscal, y su rol va mucho más allá de acompañar al niño en una audiencia. Su misión es defender los derechos e intereses del menor, según las atribuciones que fija la ley que regula el Ministerio Público sanjuanino.

Los artículos 31 y 32 de esa norma establecen su intervención en los asuntos que involucran los derechos de niños y de personas incapaces, además del deber de procurar el cumplimiento efectivo de los derechos reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño.

Su participación cobra especial peso cuando el denunciado es uno de los progenitores. En esos casos hay que evaluar si existe un conflicto de intereses que impida al adulto representar correctamente al chico en el proceso. La responsabilidad parental no habilita a un padre o una madre a decidir por el menor cuando sus propios intereses chocan con los de su hijo.

El asesor puede impulsar las actuaciones que estén dentro de sus facultades, pedir medidas de protección y velar por que las resoluciones judiciales contemplen los derechos del niño. Su presencia también evita que la falta de una representación adecuada deje al menor en desventaja frente a los adultos involucrados.

En el proceso de violencia familiar, el artículo 111 del Código Procesal de Familia dispone la intervención obligatoria de la Asesoría Oficial cuando los hechos denunciados involucran a niños, niñas o adolescentes. Esa previsión refuerza la necesidad de que sus derechos cuenten con una representación institucional propia, más allá de las posiciones que tomen sus progenitores.