Cruzaban a Villazón como todos los días, hasta que la resolución de ARCA les cambió las reglas. Un abogado explicó qué pueden llevar y qué no, y por qué miles de familias quedaron en el medio.
La Resolución General 5910/2026 de ARCA puso en alerta a los vecinos de La Quiaca, que viven del intercambio diario con la ciudad boliviana de Villazón. El abogado César Lera (MP-3696) analizó en Canal 4 qué cambia y qué sigue igual.
Un régimen que no es el de los turistas
Lera aclaró que el tráfico vecinal fronterizo es una figura propia del Código Aduanero, pensada para regular el ingreso y egreso de mercaderías entre localidades limítrofes. No debe confundirse con el régimen de equipaje que usan quienes viajan al exterior a hacer compras personales.
"Estamos hablando de un régimen especial que está codificado en el Código Aduanero y en donde se le da facultades al Gobierno nacional para que pueda tomar medidas, en este caso a través de ARCA, para regular una situación que sea solamente en zonas de frontera", explicó el letrado.
El alcance no se limita a Jujuy: también involucra a otras provincias con ciudades gemelas que mantienen un intercambio comercial constante, como Salta y Formosa.
El tope de 150 dólares que sigue firme
Entre los cambios que introdujo el organismo, el límite de egreso de mercaderías quedó fijado en 150 dólares por persona y por día. Ese tope continúa vigente pese a la postergación de otras medidas.
Según Lera, los productos alcanzados por este régimen deben responder a necesidades personales, familiares y del hogar, y no pueden constituir operaciones comerciales de importación o exportación encuadradas en otro esquema.
La medida preocupa en La Quiaca porque el ida y vuelta cotidiano con Villazón es parte de la economía local.
Qué se postergó por 120 días
Algunas disposiciones generaron repercusión en varias localidades de frontera. Entre las cuestionadas aparecían las restricciones al traslado de granos como soja, maíz y trigo, a los envases de 10 kilos o más y a ciertos combustibles transportados en recipientes suplementarios.
Después, ARCA resolvió postergar parte de esas restricciones por 120 días, un plazo que según el abogado se extiende hasta el 22 de febrero de 2027. La suspensión abrió un margen para discutir las particularidades económicas de las ciudades fronterizas y buscar alternativas que compatibilicen los controles aduaneros con la actividad de sus habitantes.
La duda de los que cruzan a comprar
Una de las consultas más frecuentes entre los jujeños fue si las nuevas disposiciones cambiaban las condiciones para quienes cruzan a Bolivia los fines de semana a hacer compras personales.
Lera fue categórico: el tráfico vecinal fronterizo es distinto del régimen de equipaje. "Todo lo que sea el egreso de turistas hacia Bolivia es lo mismo que ir hacia Chile, sigue rigiendo lo que es la franquicia de 300 dólares para las compras terrestres", afirmó.
Por lo tanto, la franquicia para los viajeros que compran en el exterior bajo el régimen de equipaje no se modifica.
Las 3.500 familias que dependen del cruce
El impacto económico y social es el punto que más inquieta. Según el abogado, alrededor de 3.500 familias de La Quiaca y sus alrededores dependen del comercio fronterizo con Villazón.
Lera advirtió que las disposiciones se dictaron sin contemplar del todo las particularidades de las economías locales. "En Jujuy solamente hay perjudicados, que son aproximadamente unas 3.500 familias de la ciudad de La Quiaca y alrededores que viven del comercio, de comerciar de manera fronteriza con la ciudad de Villazón", sostuvo.
También se refirió a la situación económica del país y a la dependencia cotidiana de muchas familias de esta actividad, y recordó las movilizaciones de comerciantes y vecinos que reclamaron por el impacto de las restricciones.
Qué debería pasar en los próximos 120 días
Para Lera, el plazo de postergación debe servir para abrir una instancia de diálogo entre el Gobierno nacional, las autoridades provinciales y los representantes de los comerciantes de La Quiaca.
El objetivo, planteó, es elaborar una propuesta que contemple las características económicas, sociales y culturales de las ciudades fronterizas. "En estos 120 días tiene que sentarse en una mesa el Gobierno nacional, el Gobierno provincial y también, lógicamente, los comerciantes de la ciudad de La Quiaca", señaló.
Por último, consideró necesario avanzar hacia un marco normativo que reconozca la realidad de estas localidades y regule una actividad que forma parte de su funcionamiento cotidiano. "Hay que darle legalidad a un comercio que debe existir y que va a existir, estén o no estas resoluciones. Nunca se va a poder poner un freno a esto porque son ciudades que viven de esto y, además, son ciudades hermanas", concluyó.
