Cristina y Máximo Kirchner, frente a un juicio que puede cerrar el círculo de los hoteles

El juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces arrancó este viernes con una imagen inédita: Cristina Kirchner y su hijo Máximo conectados por Zoom para escuchar los cargos que les imputan, mientras la Justicia intenta determinar si el dinero público que cobraron empresarios favorecidos por el kirchnerismo volvió a las arcas de la familia presidencial a través de hoteles y departamentos.

La audiencia comenzó a las 10.10 en la sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py, aunque la conexión quedó incompleta desde el arranque. "Falta Lázaro Báez", avisó el secretario del tribunal. El juez José Michilini, que preside el debate, calificó de "excepcional" el mecanismo que permite a varios acusados seguir el proceso a distancia.

En la sala no hubo rastro de la expresidenta. Sí estuvo su abogado, Carlos Alberto Beraldi. También se sentó el excontador de los Kirchner, Víctor Manzanares, que optó por la presencialidad a diferencia de la mayoría de los imputados, acompañado por su defensor Roberto Herrera.

Qué se lee y cuánto puede durar

La jornada está dedicada a la lectura del requerimiento de elevación a juicio de la fiscalía, el documento que detalla las acusaciones. Si las partes no acuerdan leer solo un resumen, el trámite podría estirarse varios días. En ese caso, Cristina y Máximo Kirchner deberán permanecer conectados todo el tiempo que demande la lectura.

El tribunal es el Oral Federal Nº 5, integrado por Michilini, Fernando Machado Pelloni y Adriana Palliotti. Según fuentes judiciales, habrá tres audiencias semanales y el juicio se transmitirá por YouTube. La etapa inicial permite la participación virtual de los imputados, que luego deberán concurrir a las indagatorias. Los defensores, en cambio, sí deben estar en la sala.

El hilo que une Vialidad con los hoteles

El proceso tiene a Cristina Kirchner nuevamente en el banquillo y a su hijo por primera vez frente a un tribunal. La conexión con la causa Vialidad, donde la expresidenta fue condenada a seis años de prisión por el direccionamiento de la obra pública en favor de Báez en Santa Cruz, quedó plasmada en la sentencia de 2022: los jueces mencionaron los vínculos comerciales entre ambos y sostuvieron que la suerte del empresario no podía serle indiferente.

En Hotesur-Los Sauces, la Justicia busca establecer si parte de los fondos obtenidos por Báez reingresaron al patrimonio familiar mediante el alquiler de hoteles y propiedades. De acuerdo con la documentación del expediente, las empresas del empresario santacruceño pagaron a los Kirchner más de 40 millones de pesos entre 2008 y 2013, depositados en cuentas personales o de la sociedad que controlaban.

La causa, sin embargo, excede a Báez. También están bajo la lupa los negocios inmobiliarios con Cristóbal López y Fabián de Sousa, dueños del Grupo Indalo, que habrían reportado a la familia más de 19 millones de pesos, en su mayoría por el alquiler de departamentos en Puerto Madero.

El origen del dinero y la discusión de fondo

Según la acusación, la maniobra empezó en 2008 con la compra de Hotesur. Néstor Kirchner pagó casi 5 millones de dólares por la totalidad de las acciones de la sociedad, dueña del hotel Alto Calafate, y puso la operación en manos de un hombre de confianza, Osvaldo Sanfelice. Ese día, Sanfelice llevó más de 3 millones de dólares en efectivo a una sucursal del Banco Santander Río en la city porteña; los 1.632.000 restantes se transfirieron desde el Banco de Santa Cruz.

Antes, Kirchner había comprado la hostería Las Dunas por 700.000 dólares, también en El Calafate, con Máximo representándolo ante el escribano. En abril de 2009 llegó La Aldea, a través de la sociedad Los Sauces.

Los fiscales identificaron tres fuentes para el dinero inicial: los negocios inmobiliarios y préstamos con empresas de Báez; la compraventa de tierras fiscales en Santa Cruz a precios bajos y revendidas con ganancias extraordinarias; y los créditos del Banco de Santa Cruz, de los Eskenazi. Días antes de la compra de Hotesur, la entidad le otorgó préstamos por más de 10 millones de pesos, según la acusación a la misma tasa que el banco pagaba a la familia por sus plazos fijos. Ya adquiridos los hoteles, los Kirchner entregaron su administración y explotación a Valle Mitre, la firma de Báez.

Ninguno de esos vínculos comerciales está en discusión: llegan al juicio acreditados desde la instrucción, con documentación y peritajes contables. Las defensas sostienen que los pagos están bancarizados y que por eso no hubo intento de ocultamiento. La discusión central, entonces, no es si existieron esos negocios, sino si sirvieron para lavar dinero, como afirma la acusación, o si fueron operaciones legítimas.

En el banquillo también están Romina Mercado y otros imputados que ocuparon direcciones en las sociedades implicadas. Los fiscales que instruyeron el caso, Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, consideran a Vialidad como delito precedente en el caso de Báez y a Oil Combustibles en el de López y De Sousa. En el debate, esa postura la sostendrá el fiscal Diego Velasco.

La causa por Oil Combustibles, la petrolera del grupo Indalo, también tuvo su recorrido: la empresa se habría quedado con más de 8 mil millones de pesos al cobrar el Impuesto a los Combustibles Líquidos sin ingresarlo a la AFIP. El exdirector del organismo Ricardo Echegaray fue condenado, mientras que López y De Sousa fueron absueltos y esperan una resolución definitiva de la Corte Suprema.