Cristina mueve fichas en la ONU y el PJ entra en zona de definiciones

Los abogados de Cristina Kirchner volvieron a la carga ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Presentaron una adenda para sumar nuevos hechos a la presentación de julio y redoblar el pedido de suspensión de la inhabilitación perpetua que le impide ocupar cargos públicos. El objetivo es claro: que la ex presidenta pueda postularse en 2027.

La movida llegó apenas un día después de que Máximo Kirchner volviera a instalar la candidatura de su madre en una entrevista, con un argumento simple: “hay un montón de gente que la quiere votar”.

El Comité sesionará entre el 16 de octubre y el 3 de noviembre. En el sector alineado con la ex presidenta esperan que el organismo acepte tomar el caso. Mientras tanto, con Axel Kicillof ya moviéndose como virtual candidato presidencial del peronismo, el cristinismo busca mantener abierta la puerta a una postulación de Cristina y ganar margen para negociar las definiciones en el PJ.

Qué dice la adenda

La presentación incorporó tres hechos posteriores a la original. El primero: una serie de episodios que la defensa calificó como intimidatorios contra Cristina Kirchner. Entre ellos, declaraciones de jueces que intervinieron en la causa Vialidad, el avance sobre sus bienes —incluido el departamento de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria— y publicaciones en las redes del presidente Javier Milei.

El segundo punto, el de mayor peso, fueron las planillas aportadas por un auditor que declaró en la causa Cuadernos. Según la defensa, esos registros mostraron que Austral, la empresa de Lázaro Báez, no figuraba entre las 15 constructoras más beneficiadas por la adjudicación de obra pública. Con ese dato buscaron cuestionar los fundamentos de la condena en Vialidad.

Por último, la presentación señaló nuevos actos intimidatorios posteriores a la difusión de esas planillas, como la divulgación de un video de 2018 del allanamiento al departamento de la ex presidenta en Recoleta.

El pedido de fondo

Los abogados Carlos Beraldi, el brasileño Rafael Valim y el español Javier Borrego reiteraron ante el Comité el pedido de suspensión de la inhabilitación política perpetua hasta que se emita un dictamen sobre el fondo del caso.

Sostuvieron que esa sanción constituye una forma inadmisible de “muerte civil” y que perjudica gravemente tanto a Cristina como a la democracia argentina.

“Estamos trabajando para que el caso sea examinado en octubre, en la próxima sesión del comité”, explicó Valim a la agencia Reuters. Según el abogado, ese plazo permitiría que la justicia argentina analizara una eventual decisión del organismo antes de fin de año.