Cristina Kirchner va a la Justicia por su pensión y en Río Gallegos se enciende una alarma

Un adicional de casi $10 millones, una casa en Río Gallegos y una discusión que la ANSES y la defensa de Cristina Kirchner no logran destrabar: qué se juega en el expediente que ya está en la Justicia previsional.

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Cristina Kirchner va a la Justicia por su pensión y en Río Gallegos se enciende una alarma
Cristina Kirchner va a la Justicia por su pensión y en Río Gallegos se enciende una alarma

Cristina Fernández de Kirchner presentó un reclamo ante la Justicia previsional para que la ANSES recalcule su pensión de viudez, pague retroactivos y restituya el adicional por zona austral que había perdido. El expediente tiene un costado que toca de cerca a Santa Cruz: su defensa sostiene que su domicilio real sigue en Río Gallegos.

La presentación la hizo su apoderado, Facundo Fernández Pastor. Ocurrió después de que la ANSES abonara el haber de agosto en cumplimiento de una medida cautelar de la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social. Además del recálculo, la defensa reclama las sumas que considera adeudadas desde abril y cuestiona descuentos aplicados sobre el beneficio.

En agosto, el monto bruto informado para esa prestación fue de $16.090.877,01. Corresponde a una de las dos asignaciones que Cristina Kirchner percibía hasta noviembre de 2024, cuando ambas fueron suspendidas por decisión administrativa.

El adicional por zona austral: el punto que involucra a Río Gallegos

La ANSES decidió no incluir el adicional por zona austral en la nueva liquidación. Su argumento es que Cristina Kirchner no reúne actualmente las condiciones de residencia exigidas, porque cumple prisión domiciliaria en la Ciudad de Buenos Aires.

La defensa plantea una posición distinta. Según el escrito, mantuvo su domicilio real en Río Gallegos, conserva allí su domicilio fiscal, afronta los servicios de una vivienda en la ciudad y viaja periódicamente a esa propiedad. Con ese argumento pide que el adicional vuelva a formar parte de la prestación.

El reclamo adquiere así una dimensión particularmente vinculada con Santa Cruz: la discusión judicial no se limita al monto de la pensión, sino que también incluye qué condiciones deben considerarse para determinar si corresponde el beneficio adicional por zona austral.

De acuerdo con la información publicada sobre la presentación, el adicional que percibía era de aproximadamente $6 millones y, según el planteo, actualmente representaría unos $9,8 millones. Son cifras consignadas en el marco del reclamo y no de una nueva liquidación definitiva ordenada por la Justicia.

Por qué vuelve a discutirse la pensión

El origen se remonta a noviembre de 2024, cuando el Poder Ejecutivo dispuso suspender las dos asignaciones vitalicias que percibía Cristina Kirchner: una por su condición de expresidenta y otra como viuda de un expresidente. Antes de esa suspensión, en noviembre de 2024, había percibido ingresos brutos por $35.255.297,73 por ambos beneficios.

Después, la Cámara Federal de la Seguridad Social dictó una medida cautelar que permitió restablecer provisoriamente la pensión de viudez. Los jueces Sebastián Russo y Juan Fantini Albarenque consideraron el carácter alimentario del beneficio mientras continúa la discusión sobre la decisión administrativa de ANSES.

Ahora la defensa busca que la liquidación se realice nuevamente y reclama los retroactivos desde abril, además de cuestionar descuentos aplicados por el organismo previsional. También pide que el cálculo contemple lo planteado en relación con la Acordada N° 20 de la Corte Suprema.

Qué puede pasar con el reclamo

La discusión todavía no está cerrada. El pedido sobre la zona austral, los retroactivos y la forma de liquidar la pensión deberá ser analizado dentro del proceso judicial, mientras continúa la controversia sobre la vigencia definitiva del beneficio.

Para Río Gallegos, el punto central del expediente es el argumento de la defensa sobre el domicilio de Cristina Kirchner en la ciudad y su pedido de recuperar el adicional por zona austral. La Justicia deberá determinar qué efectos tienen esos planteos sobre la liquidación de la prestación.

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