Crimen de Thiago: Jarsún pidió investigar responsabilidades “gubernamentales, familiares o de quienes debían intervenir” y Niñez guardó silencio

El brutal asesinato de Thiago, el niño de dos años de barrio Convivencia, sigue generando conmoción y fuertes cuestionamientos al rol del Estado. Mientras la Justicia avanza con la madre y su pareja imputados, el padre del pequeño apuntó directamente contra la Secretaría de Niñez, Infancia y Familia de Salta, a cargo de Carina Iradi. El Tribuno buscó respuestas oficiales y encontró posturas dispares: el ministro Ignacio Jarsún pidió investigar todas las responsabilidades, pero la Secretaría de Niñez no dio declaraciones.

El ministro de Gobierno y Justicia de Salta, Ignacio Jarsún, calificó el crimen como “algo aberrante que no tiene perdón” y reclamó una condena ejemplar. “Cuando se toca a un chico no hay palabras que puedan explicar semejante situación. Los niños no tienen ninguna posibilidad de defensa”, expresó. Además, remarcó que la prioridad es la investigación judicial: “El daño que se hizo no tiene reparación, pero quienes resulten responsables deben pagar con todo el rigor de la ley”.

¿Quién debió intervenir?

Consultado por las denuncias del padre de Thiago, quien aseguró que había advertido a la Secretaría de Niñez sobre el riesgo que corrían sus hijos, Jarsún aclaró que ese organismo no depende de su ministerio. “Este no era un caso que conociéramos previamente. Será importante saber si existían denuncias anteriores y cómo actuó la Justicia y los organismos competentes”, señaló. Sin embargo, sostuvo que es necesario investigar si hubo fallas institucionales: “Es importante que se busquen todas las responsabilidades, sean gubernamentales, familiares o de quienes debían intervenir”.

El reclamo del padre: “Ellos dos y la Secretaría son los culpables”

Hugo Altamirano, padre de Thiago, responsabilizó no solo a la madre del niño y a su pareja, sino también a la Secretaría de Niñez, Infancia y Familia. “Ellos dos y la Secretaría de Niñez e Infancia son los culpables”, afirmó. El hombre aseguró que realizó varios pedidos de ayuda y que, mientras sobre él sí se activaron protocolos por denuncias que calificó como falsas, no ocurrió lo mismo con la situación de sus hijos. También reclamó la restitución de la tenencia de su otro hijo, Tobías, que permanece bajo guarda judicial, y exigió que se investiguen las omisiones estatales antes de la muerte de Thiago.

Asistencia a la familia: ¿qué ofrece el Estado?

El secretario de Justicia y Derechos Humanos, Javier Mónico, explicó que su organismo no interviene en la investigación penal, pero intenta brindar contención a las víctimas. “Estamos tratando de comunicarnos con la familia para brindar contención psicológica, asesoramiento y acompañamiento jurídico”, dijo. No obstante, aclaró que el acompañamiento depende de la voluntad de la familia y que los dispositivos de niñez no dependen de su área, sino del Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Secretaría de Niñez.

Mónico también consideró que, una vez concluida la investigación penal, será necesario revisar el funcionamiento del sistema de protección de menores. “Corresponderá auditar desde la Justicia y desde el Estado cómo funcionan esos dispositivos de contención y protección para menores”, afirmó.

El debate sobre el Estado presente

Jarsún vinculó el caso con la reducción de programas nacionales. “Yo creo en un Estado presente. Hoy las provincias tienen cada vez menos herramientas porque Nación eliminó ministerios y programas vinculados a estas problemáticas. Cada vez se nos transfieren más responsabilidades con menos recursos”, sostuvo. En la misma línea, Mónico señaló que “cuando el Estado tiene una presión tan grande por la falta de recursos, cuesta que los servicios tengan la calidad que todos esperamos”.

Mientras tanto, la investigación judicial continúa. En la audiencia de imputación, la madre sostuvo que había salido a un kiosco cuando ocurrió el hecho, mientras que su pareja insistió en que el niño sufrió una caída accidental mientras le cambiaba el pañal. Versiones contrapuestas que, sumadas a los elementos reunidos por la Fiscalía, determinarán las responsabilidades penales por un crimen que volvió a instalar el debate sobre la protección de la niñez y el rol de los organismos estatales.