Crearon un perfil tres días antes del fallo y ya ofrecían un campo con lago privado en Chubut

Una cuenta de Instagram dedicada a la venta de campos apareció el 26 de septiembre. Tres días después, la Corte Suprema dejó sin efecto la protección de la Ley de Tierras. El 30 de septiembre, en plena ventana de suspensión, ese mismo perfil publicó la oferta de un establecimiento de 2.943 hectáreas en Alto Río Pico, Chubut, con lago privado, laguna y 16 kilómetros de costa sobre el río Pico.

El dato no pasó desapercibido para el Observatorio de Tierras, que viene siguiendo el caso desde que ADNSUR lo anticipó el 13 de octubre. Julieta Caggiano, doctora en Estudios Territoriales e investigadora del CONICET, dialogó con Actualidad 2.0 y explicó por qué la secuencia de fechas les resultó llamativa.

"Nosotros, cuando señalamos los peligros del fallo de la Corte, esta ventana temporal que dejaron de diez días, no lo hacemos por ser alarmistas, sino porque específicamente abre la posibilidad a situaciones como esta, que en esos diez días se vendan tierras que estaban protegidas por la Ley de Tierras", sostuvo.

Caggiano fue cuidadosa: no pueden afirmar que la operación se haya concretado ni demostrar que los responsables de la publicación tuvieran información anticipada sobre las decisiones judiciales. "No lo podemos afirmar, por supuesto", aclaró.

La pista que conduce a Esquel

El rastreo de la cuenta, bautizada Loma Alta Propiedades, llevó al Observatorio a buscar quién estaba detrás. Según explicó Caggiano, el perfil no aparecía registrado con ese nombre y la información disponible en plataformas inmobiliarias conducía a un corredor vinculado con otra firma de Esquel, de mayor trayectoria.

La investigadora también reparó en el contenido que la cuenta publicó el 3 de octubre: una serie de materiales dirigidos a potenciales inversores extranjeros, en español y en inglés, con referencias a las condiciones legales para comprar tierras en la Patagonia.

"Las inmobiliarias rurales no son tantas las que ofrecen tierras al extranjero. Esta publicación está hecha en español y en inglés. Y al estar creado el perfil tres días antes, nosotros creemos que pueden haber tenido información privilegiada, por supuesto, porque da mucha casualidad", señaló.

Para Caggiano, otro elemento llamativo fue el asesoramiento específico que ofrecía la cuenta para el nuevo escenario normativo. "Decía, bueno, ahora que se puede comprar, nuestro equipo te asesora en cómo hacerlo", describió.

Una ventana de diez días sin controles

El fallo de la Corte Suprema que dejó sin efecto la protección de la Ley de Tierras abrió un intervalo de diez días durante el cual, según el Observatorio, las restricciones quedaron desplazadas. Para Caggiano, el problema no es solo la oferta detectada en Chubut: después de difundir el caso, encontraron otra publicación similar en Salta, lo que refuerza la necesidad de revisar posibles operaciones en otras provincias.

La hipótesis apunta a la dificultad de determinar cuándo se iniciaron o formalizaron determinadas operaciones si luego se pretendiera establecer que se realizaron durante ese período. "Por ejemplo, a cualquier escribanía como ésta, dejar unas hojitas en blanco en estos días de la ventana temporal también, y consolidar derechos de propiedad sobre tierras que protege la Ley de Tierras", planteó.

La investigadora advirtió que esa ventana legal no solo dejó sin protección a las tierras, sino que tampoco obliga a informar nada. "Nosotros no tenemos ninguna chance de pensar en, bueno, ¿qué pasó efectivamente en esos diez días? ¿A quién le pedimos la información?", cuestionó.

El subregistro y el debate por los porcentajes

Caggiano también advirtió que la derogación de la Ley de Tierras mediante el DNU 70/2023 debilitó el sistema de registro y seguimiento de las propiedades rurales en manos extranjeras. En ese sentido, sostuvo que los datos oficiales deben leerse como un piso y no como una descripción completa del fenómeno. "Sabemos que tiene un subregistro", afirmó.

Entre los factores que mencionó figuran los cambios normativos introducidos en 2016, que modificaron el mecanismo de autorización y registro de las adquisiciones, además de las dificultades para identificar operaciones realizadas mediante intermediarios.

Durante la entrevista, la investigadora cuestionó que el debate sobre la extranjerización de tierras se limite a los porcentajes provinciales. La Ley de Tierras estableció un máximo del 15% de tierras rurales en manos extranjeras por provincia, pero también contempla límites por departamento y restricciones vinculadas con la ubicación y las características de los establecimientos.

"Uno no puede pensar en términos de promedios provinciales porque tenemos ahí adentro territorios mucho más valiosos que otros, los que tienen agua potable, por ejemplo", explicó.

Señaló que existen departamentos donde el nivel de extranjerización supera el límite nacional, aunque el porcentaje total de la provincia permanezca por debajo del 15%. En Chubut, mencionó el caso de Corcovado como uno de los distritos que exceden ese umbral.

Por eso cuestionó la posibilidad de elevar el límite provincial al 25%, una alternativa que se había discutido en el marco de la reforma impulsada por el Gobierno nacional y que podría ser retomada por el oficialismo. A su juicio, un porcentaje más alto podría habilitar una concentración mayor en zonas específicas, incluso si el promedio provincial continuara dentro del máximo permitido.

"Vos podés poner el 25% provincial, pero que un departamento, los que están justo con lagos o a la vera de los ríos, estén al 80% extranjerizados", advirtió.

El fallo y el viaje a París

La investigadora también cuestionó el momento en que se produjo el primer fallo de la Corte, un día antes del viaje del presidente Javier Milei a París junto con gobernadores para promover inversiones. A su entender, la coincidencia expone la tensión entre la búsqueda de capitales y la protección de recursos territoriales.

"No es que son las grandes inversiones que vengan, un capital extranjero a hacerse de tierra con un lago adentro. ¿Cuál sería el beneficio para la población argentina de eso?", planteó.

La preocupación, insistió, no pasa solamente por la superficie que pueda quedar en manos extranjeras, sino también por el acceso al agua y a otros recursos naturales. "Lo que hace es poner el cartel de venta en nuestros territorios", concluyó.