Cortaron los barrotes y se escaparon del Aráoz Alfaro: la cifra que expone al sistema
Cortaron los barrotes y se escaparon del Instituto Aráoz Alfaro. La fuga de dos jóvenes con condenas por robos agravados reaviva una alarma que ya tiene números récord: 241 evasiones en un año. ¿Qué pasa con el sistema penal juvenil?
Dos jóvenes con condenas por robos agravados se fugaron del Instituto Aráoz Alfaro, en 520 y 228 de Abasto, tras cortar los barrotes. El hecho ocurrió el lunes pasado y no dejó celadores heridos, según informaron voceros del área.
Los evadidos fueron identificados como A.T. Z. y T. M. A. F., quienes estaban a disposición del Juzgado de Garantías del Joven Nº 1 de La Matanza y del Juzgado de Garantías del Joven Nº 1 de San Isidro, respectivamente.
“Solo hubo daños materiales”, confirmaron las fuentes consultadas, al tiempo que descartaron que la maniobra haya dejado heridos.
La fuga volvió a poner en el centro de la escena las condiciones de seguridad de los centros que alojan a menores en conflicto con la ley, una problemática que lejos de ser nueva parece agravarse con el correr de los meses.
Un récord de fugas que enciende las alarmas
De acuerdo con informes internos, durante 2025 se habría registrado un récord de 241 evasiones de menores alojados en establecimientos del sistema penal juvenil. La cifra adquiere una dimensión aún mayor si se la compara con la cantidad de jóvenes institucionalizados en ese período: las fugas habrían representado cerca de un tercio de la población alojada.
El escape en el Aráoz Alfaro reinstala los interrogantes sobre los controles, las condiciones edilicias y la capacidad del sistema para contener a jóvenes que, en algunos casos, cumplen condenas por delitos de extrema gravedad.
Ley 27.801: más jóvenes, más desafíos
El contexto es particularmente complejo para el sistema penal juvenil bonaerense. Durante 2026, los institutos enfrentan nuevas exigencias a partir de la entrada en vigencia de la Ley 27.801, que modificó el régimen de responsabilidad penal juvenil y redujo la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
El cambio legislativo implica un desafío adicional para una estructura que ya mostraba dificultades para garantizar el alojamiento y la custodia de los menores bajo disposición judicial. La incorporación de adolescentes más jóvenes obliga a revisar no solo los mecanismos de seguridad, sino también los dispositivos de tratamiento, educación y reinserción.
Sobre esta cuestión, Pablo Lenz, ex trabajador del área, expresó: “El sistema penal juvenil bonaerense atraviesa un colapso institucional que contrasta de manera alarmante con los recursos asignados y con la agenda política de sus autoridades. Mientras el Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia (OPNyA) maneja un presupuesto que se aproxima a los 12.000 millones de pesos, la realidad en los institutos expone un descontrol sin precedentes”.
“A mi entender, las autoridades parecen transitar una realidad paralela, ya que priorizan actividades recreativas como el programa ‘Juguemos Piola’ o proyectan candidaturas para 2027”, concluyó.