Corrientes tiene 516.000 hectáreas de pinos, pero un dato deja al descubierto el negocio que se va afuera
Corrientes produce más madera de la que consume y el valor agregado se genera en otras provincias. La senadora Carlota Carballo quiere cambiar esa lógica con un régimen que reserva cupos de vivienda social y obra pública para la madera local.
La senadora provincial del PRO Carlota Carballo presentó un proyecto para crear un régimen especial que impulse la construcción con madera de origen correntino, tanto en la obra pública como en las edificaciones privadas. La propuesta apunta a retener en el territorio el valor de una producción forestal que hoy, en buena medida, sale de la provincia casi sin procesar.
En diálogo con EL LIBERTADOR, la legisladora explicó el diagnóstico que la llevó a impulsar la norma y detalló cómo funcionaría el sistema de cupos, incentivos y controles.
La paradoja de una provincia que produce más de lo que consume
Carballo sostuvo que Corrientes es una de las jurisdicciones forestales más importantes del país, con más de 516.000 hectáreas forestadas, fruto de décadas de políticas de promoción y del esfuerzo del sector. Sin embargo, advirtió que gran parte de esa madera se va del territorio como materia prima o con muy poco procesamiento.
“Las propias autoridades del área reconocen que la provincia produce más recursos forestales de los que logra consumir o colocar en los mercados”, afirmó. Según su lectura, eso significa que el valor agregado, la inversión y el empleo industrial terminan generándose en otras jurisdicciones.
El objetivo central del proyecto, dijo, es conectar esa abundancia con la amplia demanda habitacional de Corrientes y transformar el recurso en componentes, estructuras y viviendas terminadas dentro de la provincia.
El Estado como primer comprador
La iniciativa le asigna al Estado provincial el rol de comprador inicial para dar escala y previsibilidad al mercado. Para eso establece un doble cupo mínimo: no menos del 10 por ciento de las viviendas sociales que licite anualmente el Invico o que se financien con recursos provinciales deberán ejecutarse en madera correntina.
A la vez, se reserva un 5 por ciento del monto anual de inversión en obras públicas de arquitectura para la construcción industrializada o el uso de componentes de madera local.
Para que aserraderos y Pymes puedan invertir con seguridad, el proyecto crea un plan trienal de demanda pública que obliga al Estado a programar y publicar sus compras a tres años vista, habilitando contratos marco y licitaciones agregadas.
Qué señales muestran que la industria ya arrancó
Consultada sobre si existen condiciones técnicas e industriales para responder a esa demanda, Carballo respondió que la industrialización de la madera “es una realidad en marcha”. Mencionó que el Invico ya desarrolló un prototipo de vivienda de madera y que en 2026 se presentó la primera planta industrial de madera maciza (Mass Timber) del país, que se instalará en Gobernador Virasoro con una inversión superior a los 20 millones de dólares.
“Lo que faltaba era justamente un marco normativo que garantice demanda estable, reglas técnicas claras e incentivos precisos”, planteó.
Créditos, exenciones y obra privada
El proyecto también busca que el sector privado adopte el material. Incluye la gestión de líneas de crédito hipotecario ante el Banco de Corrientes en condiciones no menos favorables que las de la construcción tradicional.
En materia impositiva, prevé la exención del Impuesto de Sellos para contratos de construcción e hipotecas y una reducción del 50 por ciento en la alícuota de Ingresos Brutos para fabricantes y constructores. Esos beneficios tendrán una vigencia de cinco años y estarán acotados al cupo que fije la Ley de Presupuesto.
Además, se promoverán acuerdos con aseguradoras para igualar coberturas y se invita a los municipios a adecuar sus códigos de edificación y a bonificar tasas de construcción.
Certificado de origen y normas técnicas propias
Para asegurar la calidad de las obras y la preferencia por la producción correntina, la norma crea el Certificado de Origen Madera Correntina, que acreditará la procedencia y el grado de transformación provincial y otorgará un margen de preferencia de hasta el 5 por ciento en las contrataciones públicas.
En el plano técnico, la autoridad de aplicación dictará Normas Técnicas Provinciales adaptadas a las especies y al clima local, complementarias del Reglamento Cirsoc 601 y de las normas Iram. Cumplir esa normativa será requisito indispensable para acceder a los beneficios fiscales y a los créditos.
El proyecto contempla sanciones severas, desde multas hasta la suspensión en los registros de proveedores, para quienes falseen el origen de la madera o incumplan la norma.
De dónde saldrían los fondos y a quién beneficia
Para financiar estas políticas se crea el Fondo Provincial de Fomento a la Construcción con Madera (Fopromad), de carácter intangible, con la obligación de destinar no menos del 65 por ciento de sus recursos al financiamiento productivo y de la vivienda particular.
Según Carballo, el impacto directo se sentirá en el Interior de Corrientes, donde se concentran los aserraderos, las carpinterías y los puestos de trabajo. “Lo que busca esta ley es que la riqueza forestal que producimos se transforme aquí mismo en hogares para las familias correntinas, en infraestructura pública y en empleo local”, cerró.
