Corrientes convierte sus bosques y humedales en un negocio: el plan que ya tiene media sanción
El proyecto que convierte los bosques y humedales de Corrientes en activos comerciales ya tiene media sanción y vuelve al Senado: qué cambia para los dueños de tierras y por qué la Provincia no cobrará lo que muchos imaginan.
El proyecto que busca transformar los servicios ambientales de Corrientes en activos económicos certificables ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados y volvió al Senado para su aprobación definitiva. La iniciativa, impulsada por el gobernador Juan Pablo Valdés, apunta a crear el Régimen Integral de Atributos Ambientales y Mercados Ambientales de la Provincia.
El texto fue aprobado sobre tablas en la última sesión de la Cámara baja, tras incorporar modificaciones en las comisiones de Hacienda, Presupuesto e Impuestos y de Ecología y Ambiente. El dictamen lleva el Despacho Nº 3.361 sobre el Expediente Nº 20.103. Como el Senado es la cámara de origen, la norma regresa en segunda revisión y, de ser sancionada, quedará lista para entrar en vigencia.
Qué busca la ley
La propuesta había obtenido su primera media sanción en el Senado el 12 de junio. Su objetivo declarado es dotar a Corrientes de un marco jurídico para generar, certificar y comercializar créditos de carbono y otros instrumentos ambientales, con la meta de conseguir ingresos sostenibles y proteger el capital natural de la provincia.
El texto define a los atributos ambientales como todo efecto positivo, cuantificable y verificable que una actividad o condición natural produce sobre el ambiente respecto de una línea de base. A partir de esa definición, habilita la creación de certificados de atributos ambientales y de certificados de carbono, que acreditan la reducción, evitación o captura de una tonelada de dióxido de carbono equivalente dentro de un proyecto certificado por un estándar reconocido, nacional o internacional.
Sin cargas impositivas ni autorización previa
Uno de los puntos centrales del régimen es que no exige autorización ni aprobación gubernamental previa para emitir, transferir o comercializar los certificados en mercados voluntarios, nacionales o internacionales. La inscripción en los registros provinciales tendrá carácter meramente declarativo e informativo, sin ser condición para que los certificados circulen.
La autoridad de aplicación, que se definirá en la reglamentación, podrá actuar como estructuradora o facilitadora entre oferentes y demandantes, pero sin imponer cargas sobre los certificados generados en proyectos privados sobre inmuebles privados. La Provincia solo participará de los ingresos cuando sea titular o cotitular de proyectos en tierras fiscales, o mediante contraprestaciones libremente pactadas por servicios de estructuración o intermediación.
El control estatal quedará limitado a fiscalizar el funcionamiento de los registros y la veracidad de la información. La validación técnica de los proyectos y la verificación de resultados seguirán a cargo de los estándares de certificación, sin que la autoridad provincial duplique esos controles. El proyecto reconoce la compatibilidad con estándares internacionales como Verra, Gold Standard y Climate Action Reserve, lo que habilitaría acuerdos de reconocimiento mutuo con entidades certificadoras extranjeras.
Las tres herramientas del sistema
La columna vertebral operativa es el Sistema Provincial de Atributos Ambientales, integrado por tres instrumentos. El primero es el Inventario Provincial de Huella Ambiental, que deberá recopilar y actualizar datos sobre huella de carbono, hídrica, de residuos y de uso del suelo en todo el territorio.
El segundo es el Registro Provincial de Proyectos, público, gratuito y digital, donde se inscribirán las iniciativas con su localización, titular y estado de avance. El tercero es el Fondo Provincial de Atributos Ambientales, pensado como instrumento financiero, preferentemente bajo figura de fideicomiso, para canalizar recursos públicos y privados hacia proyectos ambientales en la provincia.
El contexto regional
Varias provincias argentinas avanzan en marcos normativos similares. Córdoba ya cuenta con una ley de atributos ambientales que le permitió certificar los primeros créditos de carbono de una planta de biogás bajo un estándar propio.
En Corrientes, el Ministerio de Producción firmó este año un convenio con una plataforma tecnológica internacional para incorporar herramientas de trazabilidad digital y medición de huella de carbono en las cadenas ganadera, forestal y agrícola, presentado como parte de la misma estrategia de posicionamiento productivo y ambiental.