¿Control o recaudación? El nuevo pedido para adecuar los radares en Río Negro
¿Sabés qué cambiaría en los radares de Río Negro si se alinean a las nuevas normas nacionales? Los detalles de un proyecto que busca transparencia.
Legisladores de la CC-ARI solicitaron al Gobierno de Río Negro que adecúe la reglamentación provincial de radares a los nuevos estándares nacionales. La iniciativa, impulsada por Javier Acevedo y Fernando Frugoni, busca que los cinemómetros dejen de ser una herramienta recaudatoria y se conviertan en un verdadero sistema de prevención de siniestros viales.
¿Qué cambios propone el proyecto?
La propuesta apunta a modificar la Ley Provincial N° 5.726 para alinearla con el nuevo Manual de Procedimiento para la Autorización de Cinemómetros Fijos y Móviles, aprobado recientemente por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Entre los puntos clave, se exige que la instalación de radares esté respaldada por estadísticas reales de siniestralidad vial y no por intereses económicos.
Además, los municipios deberán acreditar que cada radar responde a una necesidad concreta de seguridad, bajo la premisa de que el control de velocidad debe ser transparente y técnicamente justificado. La normativa nacional también prohíbe delegar en empresas privadas el poder de policía y el juzgamiento de infracciones.
La palabra de los legisladores
“Río Negro dio un paso importante con la sanción de la Ley Nº 5.726, que impulsamos desde nuestro bloque para establecer reglas claras sobre el funcionamiento de los radares y evitar que estos sistemas sean utilizados con fines meramente recaudatorios. Ahora creemos que es oportuno adecuar la reglamentación provincial a los nuevos estándares nacionales”, señalaron Frugoni y Acevedo en un comunicado.
Los parlamentarios destacaron que la decisión de la ANSV de unificar criterios “fortalece el camino iniciado por la provincia y aporta mayor transparencia y previsibilidad al sistema de control de velocidad”.
¿Qué pasa con los radares actuales?
De aprobarse la adecuación, los municipios deberán revisar la ubicación de todos los cinemómetros fijos y móviles. Aquellos que no estén justificados por estudios técnicos o estadísticas de siniestros podrían ser retirados. La iniciativa también contempla una declaración de satisfacción de la Legislatura por la puesta en vigencia del manual nacional, que descarta cualquier uso recaudatorio de los dispositivos.
