Congreso histórico en Salta: el especialista de la ONU que reveló el gran vacío de la ley penal juvenil

Salta se convirtió en el epicentro del debate sobre justicia juvenil. En el Centro de Convenciones se desarrolla el IV Congreso Nacional Penal Adolescente y Juvenil, un espacio que reunió a especialistas para analizar los desafíos de la nueva Ley Penal Juvenil y el principio de especialidad en el abordaje de adolescentes en conflicto con la ley.

Uno de los disertantes centrales es Ignacio Mayoral Narros, integrante del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD). Su exposición, titulada “Estándares sobre medidas socioeducativas”, se centrará en la etapa de ejecución de las sanciones.

“Creo que estamos en un congreso histórico. Es un momento crucial en Argentina para poder conversar y reflexionar sobre la nueva Ley Penal Juvenil”, señaló el especialista en diálogo con El Tribuno.

La dimensión socioeducativa por encima del castigo

Mayoral Narros plantea que el eje del debate pasa por el sentido de las medidas. Según los estándares internacionales, el componente socioeducativo debe ocupar un lugar central, por encima de la mirada punitiva.

“La idea es que podamos destacar cómo estas medidas deben predominar, esa dimensión socioeducativa, frente a lo que la gente suele considerar que tiene que ser más sancionador, más punitivo”, indicó.

El especialista vinculó esta perspectiva con la Convención sobre los Derechos del Niño y la nueva legislación. El objetivo es que el adolescente pueda transitar una etapa que lo aleje de futuras conductas delictivas.

“Si no hay dudas, la orientación primordial es que estos chavales, con ese trasfondo socioeducativo, puedan encontrar una nueva etapa en su vida fuera del delito”, expresó.

Para Mayoral Narros, las medidas no deben limitarse a la sanción, sino generar oportunidades concretas a través de la educación, el trabajo y la formación.

“Esos jóvenes, esos chicos, en algún momento de su vida, por diferentes razones han cometido un delito y ahora tienen la posibilidad, a través de esas sanciones, no solamente de experimentar una sanción penal o un castigo, sino, todo lo contrario, poder encontrar vías a través de la educación, el trabajo, la formación, que les ayuden a tener un futuro mejor”, explicó.

Qué pasa con los delitos graves

Uno de los interrogantes de la entrevista apuntó a los casos de delitos graves, como los que atentan contra la vida o son de carácter sexual, y a la posibilidad de aplicar medidas más severas.

Mayoral Narros remarcó que los estándares internacionales priorizan las características y circunstancias del adolescente por sobre la infracción cometida.

“Siempre en los estándares internacionales predomina que atendamos a la persona, al menor de edad como tal, y no tanto a la infracción penal cometida”, sostuvo.

En esa línea, destacó la importancia de la especialización dentro del sistema penal juvenil, tanto en el proceso como en la ejecución de las sanciones.

“El sistema penal juvenil y el propio título del Congreso habla de la especialidad como garante de la paz social”, señaló.

Según explicó, esa especialidad implica que el juez penal juvenil debe analizar las condiciones en las que ocurrió el delito y las circunstancias particulares del adolescente. Esto no significa desconocer la gravedad de ciertos hechos. En los casos de delitos contra la vida o de carácter sexual, señaló que pueden existir programas específicos.

“Van a ayudar a que el joven recapacite, reflexione y pueda incluso reconocer el daño causado y querer reconducir su vida”, afirmó.

El gran obstáculo: recursos y profesionales especializados

Consultado sobre los principales obstáculos para llevar adelante los objetivos de la legislación, Mayoral Narros puso el foco en un aspecto concreto: los recursos disponibles para implementar las políticas de justicia juvenil.

“Desde mi punto de vista y por la experiencia que tengo en el ámbito de justicia juvenil a nivel internacional, el gran vacío, el gran gap, sin duda, son los recursos para poder poner en marcha las leyes”, manifestó.

Consideró que tanto a nivel internacional como en América Latina existen marcos normativos que incorporan estándares de la Convención de Naciones Unidas, pero su aplicación efectiva requiere estructuras y recursos suficientes.

“Son leyes avanzadas conforme a la Convención de Naciones Unidas, pero que, sin duda, requieren de más recursos y de profesionales especializados”, afirmó.

Para el especialista, contar con equipos capacitados es fundamental para que las medidas no queden reducidas a una sanción formal y puedan desarrollar su dimensión socioeducativa.

“Necesitamos profesionales especializados que nos permitan dar ese contenido socioeducativo, para que esos jóvenes tengan otra vida mejor”, concluyó.

La mirada de Mayoral Narros se suma a uno de los debates centrales del congreso: cómo lograr que la aplicación de la nueva legislación penal juvenil combine la respuesta frente a las infracciones con medidas especializadas orientadas a la educación, la formación y la construcción de proyectos de vida alejados del delito.