Confirmaron el decomiso de bienes de Cristina Kirchner y sus hijos: qué pasa ahora con las propiedades
La Cámara de Casación confirmó el decomiso de bienes de Cristina Kirchner, sus hijos y Lázaro Báez por $685.000 millones en la causa Vialidad.
La Sala IV de la Cámara de Casación Penal ratificó este viernes el decomiso de los bienes de Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, y el empresario Lázaro Báez para cubrir los casi $685.000 millones que deben pagar los condenados en la causa Vialidad. La decisión, por mayoría de los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, confirmó lo dispuesto en 2022 por el Tribunal Oral Federal N° 2 y dejó firme la ejecución de los activos.
¿Qué argumentaron los jueces?
El juez Hornos sostuvo que el decomiso no puede quedar en una “declaración abstracta”, sino que debe traducirse en una “recuperación real y efectiva” de los activos provenientes del delito. “La pena sólo adquiere plena eficacia institucional si se traduce también en la neutralización concreta del beneficio económico obtenido mediante el delito”, afirmó. Barroetaveña adhirió en todos sus términos.
En disidencia, el juez Mariano Borinsky consideró que no estaba suficientemente probado que ciertos bienes provengan del delito y propuso excluir del decomiso los heredados por Máximo y Florencia Kirchner. Sin embargo, su postura fue minoría.
Los bienes alcanzados
La medida incluye propiedades de la expresidenta, como dos inmuebles y 10 departamentos en Río Gallegos, y terrenos en Lago Argentino, Santa Cruz, que habían sido cedidos a sus hijos. También alcanza a bienes de Lázaro Báez, principal beneficiario del direccionamiento de obra pública en Santa Cruz, y de sus empresas, como Austral Construcciones y otras firmas satélites.
El plazo para que los condenados respondieran solidariamente por el monto actualizado venció el 13 de agosto de 2024, pero las apelaciones demoraron la ejecución. Las defensas argumentaron que la fiscalía no demostró un nexo causal entre cada bien y el delito, y calificaron el decomiso como una “multa encubierta”.
Con esta confirmación, la Justicia ordena la ejecución efectiva de los activos para recuperar los fondos ilícitos.
