Condenaron a un bioquímico y a dos médicos por defraudar a la OSP: cómo descubrieron las prácticas fantasma

Tres profesionales de la salud fueron condenados en San Juan por una maniobra de facturación de consultas y prácticas médicas que nunca se realizaron. El caso salió a la luz cuando afiliados de la Obra Social Provincia (OSP) detectaron, a través de la aplicación Ciudadano Digital (CIDI), prestaciones registradas a su nombre que aseguraron no haberse hecho.

La investigación estuvo a cargo de la UFI del Norte, con el fiscal Gastón Mateo Salvio al frente, y comenzó en agosto de 2025 a partir de una denuncia de representantes de la obra social. El primer indicio apareció cuando un afiliado revisó su información en CIDI y encontró consultas médicas desconocidas. Después se sumaron otros casos similares.

Bonos con firmas que no reconocían

Durante la pesquisa, los damnificados declararon que las firmas estampadas en los bonos de consultas y prácticas no les correspondían. Además, se comprobó que el sistema DOS permitía extraer bonos sin necesidad de tener físicamente el carnet del afiliado, una circunstancia que, según la acusación, facilitó la maniobra.

Los bonos cuestionados habían sido facturados y efectivamente cobrados por los profesionales imputados. Con el avance de la causa se incorporaron nuevos expedientes y damnificados, lo que amplió la cantidad de hechos investigados.

Juicio abreviado y penas condicionales

Las partes llegaron a un acuerdo de juicio abreviado, mecanismo por el cual los acusados aceptaron su responsabilidad y una pena acordada, evitando el juicio oral. El bioquímico Pablo Daniel Olivares fue condenado a 2 años de prisión de ejecución condicional por 10 hechos. El médico Eduardo Octavio Leaniz recibió 2 años y 3 meses por 18 hechos, mientras que el médico Carlos Fernando Agüero fue condenado a 2 años y 5 meses por 26 hechos.

Las penas son de ejecución condicional, por lo que no implican el ingreso inmediato a prisión, siempre que cumplan las reglas impuestas por la Justicia. Los tres deberán permanecer bajo control del Patronato de Liberados durante dos años. Fueron condenados como coautores del delito de defraudación a la Administración Pública, por el perjuicio económico ocasionado contra el Estado.

Sobreseyeron a la kinesióloga

En el caso de la licenciada en Kinesiología Natalia Gimena Mateos, la investigación no reunió elementos suficientes para vincularla con las maniobras. Por ese motivo fue sobreseída, una resolución que implica que la Justicia dio por finalizada su situación procesal al considerar que no tuvo participación en el delito investigado.