Condenado por dos muertes al volante, la Justicia lo dejó libre por una demora que nadie explica
Orestes Carlos Caprín fue condenado en 2019 por provocar dos muertes al volante. La defensa apeló, el caso llegó a la Corte Suprema y lo que pasó después selló su libertad: el máximo tribunal tardó casi cinco años en responder y ese tiempo terminó jugando a su favor.
Un fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de La Pampa dejó al descubierto una de las consecuencias más duras de la lentitud judicial: un hombre condenado por provocar la muerte de dos personas al volante nunca pisará la cárcel porque el tiempo que tardó la Corte Suprema en resolver una apelación consumió su pena.
Se trata de Orestes Carlos Caprín, quien en 2019 había sido sentenciado a tres años de prisión efectiva y seis años de inhabilitación por conducción imprudente. La condena quedó firme, pero el camino posterior terminó beneficiándolo.
El derrotero que terminó en la nada
Tras la condena inicial, la defensa apeló y el expediente llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El máximo tribunal demoró casi cinco años en expedirse, y cuando lo hizo solo ordenó una revisión técnica sobre cómo debía ejecutarse la detención. No revisó el fondo del caso.
Cuando el expediente volvió a La Pampa, los ministros de la Sala B del STJ, Eduardo Daniel Fernández Mendía y Gastón Boulenaz, detectaron que tanto los tribunales inferiores como las partes estaban discutiendo la prescripción de la acción penal, cuando en realidad correspondía analizar la prescripción de la pena. La diferencia no es menor: la culpabilidad ya estaba firme.
La matemática que borró el castigo
El Código Penal establece que las penas prescriben en un plazo igual al tiempo de la condena. Como la Corte Suprema tardó casi un lustro en emitir su fallo, ese lapso superó ampliamente los tres años de prisión que pesaban sobre Caprín. Dicho de otro modo: la demora del Estado terminó extinguiendo el castigo.
Los abogados querellantes, Germán Cervellini y Rodrigo Gamba, habían advertido que perdonar la pena en un caso de extrema gravedad enviaba un mensaje de impunidad incompatible con el deber de proteger la vida. El Procurador General se pronunció a favor de la querella, pero los magistrados pampeanos aplicaron la letra del Código: el tiempo se agotó y la condena prescribió.
El resultado deja a las víctimas sin justicia material y expone cómo los tiempos de la Justicia pueden diluir una condena hasta hacerla desaparecer.
