Condena de 23 años en Río Grande: por qué la Corte Suprema ordenó liberarlo

La defensora pública Lorena Nebreda celebró la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que declaró prescripta la acción penal en una causa por abuso sexual que había terminado con una condena de 23 años de prisión. "Logramos una decisión ajustada a derecho", afirmó la funcionaria judicial de Río Grande.

El fallo del máximo tribunal, dictado en agosto pasado, aplicó el antecedente "Ilarraz" y consideró que el tiempo transcurrido entre los hechos —ocurridos en 1995— y la denuncia presentada en 2016 había extinguido la posibilidad de perseguir penalmente al acusado, un hombre de nacionalidad uruguaya.

Una condena que quedó sin efecto

El caso había llegado a juicio oral y en 2021 el Tribunal de Juicio en lo Criminal de Río Grande consideró culpable al hombre por delitos de abuso sexual contra dos menores de edad y le impuso una pena de 23 años de prisión efectiva, una de las más altas registradas en la provincia para ese tipo de delitos.

Sin embargo, la Defensoría Pública había solicitado desde el inicio la absolución por prescripción de la acción penal. Ese argumento no fue atendido en ese momento, pero la defensa insistió durante la instrucción, el juicio, la instancia de casación y finalmente ante la Corte Suprema.

Tras agotar las vías recursivas en la provincia, la Defensoría Oficial presentó un recurso extraordinario que fue admitido por el máximo tribunal. Con la decisión de la Corte, el Superior Tribunal de Justicia resolvió en agosto la liberación del condenado bajo estrictas normas de conducta y con prohibición de acercamiento a las víctimas, a la espera de un nuevo pronunciamiento.

El fallo final y el regreso a Uruguay

Ese pronunciamiento llegó el viernes 18 de septiembre, cuando el Superior Tribunal declaró la nulidad de la sentencia y dictó el sobreseimiento del imputado. El hombre, que había estado detenido durante cinco años, resolvió volver a su país de origen.

Nebreda destacó el trabajo sostenido de la Defensoría: "Es un planteo que se hizo desde el primer momento en que la Defensoría Pública tomó intervención en el proceso". Y agregó: "Fue un trabajo de muchos años, y todos los integrantes de la Defensoría que intervinimos en este proceso, insistimos y mantuvimos el reclamo hasta que logramos una decisión favorable".

La defensora explicó que el reclamo se basó en la estricta aplicación del principio de legalidad, de acuerdo a las disposiciones del Código y la legislación que consideraba aplicable al momento de los hechos.

Los antecedentes

La denuncia se presentó en 2016 por hechos ocurridos en 1995, cuando resultaron víctimas dos menores de edad. El hombre denunciado permaneció prófugo, por lo que se libró una orden de captura nacional e internacional. Interpol lo localizó en Uruguay, donde fue capturado y extraditado a la Argentina en abril de 2021.

Durante cinco años estuvo detenido y, tras el dictado de su sobreseimiento, decidió regresar a su país.