Ocho concejales opositores ratificaron la ordenanza que el Ejecutivo había vetado y ahora 33 personas esperan su pase a planta. Molinuevo habla de $570 millones al año y de nombramientos atados a intereses partidarios: la pelea terminó en la Justicia.
El intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo, llevó la pulseada con el Concejo Deliberante a la Justicia. Presentó una demanda para frenar la incorporación a planta permanente de 33 trabajadores del cuerpo legislativo, después de que ocho concejales opositores ratificaran una ordenanza que el Ejecutivo había vetado.
El municipio advierte que esas designaciones implicarían un gasto cercano a $570 millones anuales para las arcas públicas. El planteo quedó radicado en la Cámara en lo Contencioso Administrativo, donde se presentó una acción de nulidad con un pedido de medida cautelar para suspender los efectos de la norma hasta que se resuelva el fondo del asunto.
Ocho votos y una mayoría enfrentada al Ejecutivo
La iniciativa cosechó el respaldo de ocho de los doce integrantes del Concejo, todos de sectores que mantienen un enfrentamiento político con la administración municipal. Molinuevo cuestionó que las incorporaciones se aprobaron sin evaluar con profundidad si eran necesarias y puso bajo la lupa los criterios con los que se eligió a los beneficiarios.
Según el intendente, algunos de los trabajadores alcanzados por la disposición no tienen antigüedad en la Municipalidad. Para el jefe municipal, ampliar la estructura administrativa con esos nombramientos no se justifica y, denunció, responde a intereses partidarios.
Las áreas de juventud y el espacio físico, en la mira
Uno de los puntos que más incomodó al Ejecutivo fue la creación de dependencias ligadas a actividades sociales y políticas para la juventud. Molinuevo sostuvo que esas funciones ya están cubiertas por distintas áreas municipales, por lo que no habría motivo para sumar estructuras dentro del Concejo.
A eso le agregó un obstáculo material: el edificio donde funciona el cuerpo legislativo no tendría el espacio suficiente para alojar a los 33 empleados.
El mandatario encuadró la decisión de los concejales como una maniobra política de la oposición y afirmó que las designaciones beneficiarían a personas vinculadas a sectores partidarios. Se trata de acusaciones del propio intendente, que hasta ahora no constituyen conclusiones judiciales.
Cuentas equilibradas, pero con una advertencia
En materia económica, Molinuevo aseguró que el municipio mantiene sus cuentas en orden. Sin embargo, advirtió que comprometer salarios permanentes por unos $570 millones al año podría poner en riesgo recursos que, a su criterio, deberían ir a obras públicas, al mantenimiento de la ciudad y a la prestación de servicios.
El jefe municipal también apuntó contra el trámite legislativo. Contó que había conversado con concejales sobre la situación de los trabajadores y que propuso postergar cualquier definición hasta tener información más completa. Pese a eso, el proyecto terminó presentándose y aprobándose al cierre de una sesión, sin un acuerdo previo con el Departamento Ejecutivo.
Un conflicto que se cruza con la carrera electoral
La disputa institucional llega en un momento de tensión política creciente, cuando los distintos espacios empiezan a definir sus estrategias para las elecciones municipales de mayo de 2027.
Molinuevo, cercano a La Libertad Avanza, lee la jugada de los concejales como parte del movimiento opositor, en particular del justicialismo, que buscará recuperar la conducción de la Municipalidad de Concepción. En paralelo, el intendente mantiene conversaciones con el ex diputado nacional y ex jefe municipal Roberto Sánchez, referente de la Unión Cívica Radical, para explorar posibles acuerdos electorales. Hasta ahora esos contactos no llegaron a un entendimiento y sigue abierta la posibilidad de que ambos dirigentes compitan por la Intendencia.
Con las negociaciones políticas en curso, la controversia por los nombramientos deberá resolverse en los tribunales. La Cámara en lo Contencioso Administrativo tendrá que definir primero si suspende las incorporaciones mediante la cautelar pedida por el municipio y, más adelante, pronunciarse sobre la validez de la ordenanza cuestionada.
Hasta que haya una resolución judicial, el conflicto entre el Ejecutivo y la mayoría opositora del Concejo seguirá abierto, con dos miradas enfrentadas sobre cómo organizar la administración y a qué destinar los recursos públicos de Concepción.
